Vista general de la primera jornada de audiencias celebradas en la Corte Internacional de Justicia, en la que México ha solicitado al máximo órgano judicial de la ONU que ordene “medidas provisionales” a EU para evitar la ejecución de cinco mexicanos en ese país. (EFE)
México mantuvo ayer en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que Estados Unidos ha incumplido sus obligaciones internacionales al fijar la fecha de ejecución del ciudadano mexicano José Ernesto Medellín, prevista para el próximo 5 de agosto.
La CIJ celebró ayer la primera jornada de audiencias en la que México solicita al máximo órgano judicial de la ONU que ordene “medidas provisionales” a EU para evitar la ejecución de cinco mexicanos en ese país.
El miembro de la delegación mexicana Juan Manuel Gómez-Robledo indicó ante los jueces de la CIJ que “nos enfrentamos a actos de violación por parte de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales”.
México estimó que Estados Unidos no ha cumplido con las obligaciones que la CIJ marcó en 2004 con la sentencia “Avena”, en la que se determinó la “revisión y reconsideración” de la condena a muerte de 51 mexicanos, entre los que se encontraba Medellín y otros cuatro cuyas fechas de ejecución se fijarán próximamente.
Las medidas provisionales buscan que no se aplique la pena de muerte a los ciudadanos mexicanos, al menos hasta que se tramite la solicitud de México de interpretar el “fallo Avena” de 2004. Gómez-Robledo denunció que los “derechos de México y de sus nacionales están en entredicho”, a la vez que lamentó tener que recurrir a la CIJ para pedir medidas provisionales “que aseguren que (cinco mexicanos) no sean ejecutados”.
El consejero legal del Ministerio de Asuntos Exteriores de México Joel Hernández García calificó de “inconsistente” la decisión del estado de Texas de fijar la ejecución de Medellín para el próximo 5 de agosto.
Expuso que México y Estados Unidos “tienen visiones diferentes sobre la interpretación del fallo Avena”, que además estimó que Estados Unidos tenía que ofrecer a los mexicanos condenados a muerte “una reparación apropiada” por no haberles facilitado asistencia consular en el momento de su detención.
Cuando México elevó el caso “Avena” a la CIJ, basó su denuncia en la Convención de Viena de 1963, que estipula que las personas tienen derecho a asistencia consular y legal cuando son detenidas en el extranjero.
