José Luis Santiago Vasconcelos laboró desde 1983 en la PGR y fue el titular de la SIEDO en el sexenio de Vicente Fox. (Archivo)
La reestructuración de la Procuraduría está contemplada en el Plan Mérida.
La reestructuración de la Procuraduría General de la República (PGR) y otras dependencias judiciales civiles está considerada dentro de las acciones que debe aplicar el Gobierno de México en el marco de la Iniciativa Mérida y cuya versión promulgada fue acordada por los gobiernos de ambos países, indicaron funcionarios del Departamento de Estado Norteamericano.
“Dentro de la Iniciativa Mérida se determinó construir una estrategia para el combate al narcotráfico y se consultó a las autoridades de México para aplicar tanto reformas legales como la reestructura de las instituciones de impartición de justicia y la transparencia de las actividades en esas áreas”, indicó el funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado por no estar autorizado para comentar públicamente al respecto.
Los acuerdos incluidos, señaló, permitirán eliminar aspectos relacionados con la corrupción y la posible protección a los cárteles, pero también establecerá nuevas áreas de responsabilidad y la necesidad de hacer más transparentes las acciones de cada área judicial, con lo cual se podrá conocer la aplicación formal de los recursos de la Iniciativa Mérida, que en ningún momento serán en efectivo.
“Sabemos que existen funcionarios del Gobierno de México que han sido amenazados por el narcotráfico, pero también sabemos de quejas del desempeño, por lo que la reestructuración permitirá mejorar a las instituciones civiles judiciales”, detalló otro funcionario del Departamento de Estado consultado al respecto.
La reestructuración de las dependencias, agregó, “también permitirá abrir formalmente investigaciones sobre aquellos funcionarios que pudieran estar relacionados con los cárteles del narcotráfico, sin que su remoción implique una acusación directa, pero en algunos casos sus nombres han sido citados por testigos protegidos”, refirió.
Sin embargo, el funcionario no precisó las dependencias, ni los nombres de los funcionarios o exfuncionarios que están incluidos en investigaciones, ya sea del Gobierno de Estados Unidos o del de México, argumentando que al estar incluidas en investigaciones del Departamento de Justicia no pueden ser dados a conocer porque implicaría violar la Ley.
Pero indicó que la propia Iniciativa Mérida establece como requisito para la liberación del 15% de los fondos a México “que fiscales y autoridades judiciales investiguen a funcionarios federales y militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, así como exista cooperación de esas fuerzas públicas en el desarrollo de las investigaciones”.
Calderón nombrará a los nuevos subprocuradores
El presidente Felipe Calderón prepara los relevos de quienes tienen bajo su mando el control de la lucha contra el narcotráfico y de los juicios más importantes contra la delincuencia en la PGR.
A propuesta del procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, el titular del Ejecutivo nombrará a los nuevos subprocuradores que formarán parte del nuevo equipo de trabajo de la PGR.
Desde el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de manera cíclica, todos los procuradores realizan ajustes a sus equipos de colaboradores en sus primeros dos años de gestión. Y el sexenio del presidente Calderón no fue la excepción.
Diversas versiones encontradas en la institución señalan que al menos cuatro de los cinco subprocuradores de la PGR dejarán sus puestos, pero hasta ayer sólo se había confirmado, oficialmente, la salida de dos de ellos: Noé Ramírez Mandujano y José Luis Santiago Vasconcelos.
Antes y después
La iniciativa bilateral para combatir al narcotráfico tuvo cambios, ya que EU la condicionó en un principio y ante la negativa de México a aceptarla, fue modificada.
Oferta condicionada y rechazada por México
México recibiría 350 millones de dólares de la Iniciativa Mérida sólo si el Gobierno estadounidense estima que inició reformas judiciales, y que las unidades policiales y militares apoyadas con recursos sean ajenas a violaciones a derechos humanos y corrupción. En un momento, EU analizó un recorte de casi 200 millones de dólares al plan.
Propuesta final, aprobada por EU
La Cámara de Representantes aprobó la versión de la Iniciativa Mérida que prevé una asignación de 400 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2008 y supeditada, al marco legal de México, la estricta observancia al respeto de los derechos humanos. También aprobó la autorización por tres años de mil 600 millones de dólares.
