Un grupo de indígenas custodia el cuerpo sin vida de uno de sus compañeros muerto en hechos confusos durante un enfrentamiento ocurrido en Villa Rica, Colombia, entre agricultores y policías. (EFE)
Al menos dos personas murieron ayer horas antes de integrarse a una marcha de miles de indígenas del Suroeste colombiano para reclamar tierras y protestar por el asesinato de algunos de sus líderes.
Los muertos, un campesino y un indígena, perdieron la vida en la zona rural de Villa Rica, localidad a unos 310 kilómetros al Suroeste de Bogotá, pasado el medio día, según Vicente Otero, de la oficina de comunicaciones de la marcha indígena.
Aunque la circunstancia de la muerte de las dos personas aún no se ha establecido, un fotógrafo en el área confirmó el hecho visualmente.
El general Orlando Páez, director operativo de la Policía colombiana, dijo en diálogo telefónico que oficialmente podía hablar de un muerto y que estaba esperando el informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI).
El oficial dejó claro que se trató de “un asunto independiente de la marcha” principal que salió ayer desde la municipalidad de Piendamó, a unos 370 kilómetros al Suroeste de Bogotá. Precisó que el acuerdo es que la marcha sea pacífica, tal como se realizó en la jornada.
Sin embargo, el coronel Jorge Cartagena, comandante del escuadrón antidisturbios en la zona, dijo a Caracol Radio que según informes del CTI la persona muerta recibió un disparo por la espalda. La muerte de la otra persona ocurrió en un sitio distante al primero, dijeron reporteros en la región.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que agrupa a más de un centenar de distintos pueblos indios del país, organizó la marcha desde la zona de Piendamó, en un recorrido de unos 100 kilómetros que aspira cubrir desde la jornada y hasta el viernes 24 de octubre a lo largo de una carretera.
Entre los reclamos de la ONIC figuran desde la entrega de tierras y titularización de algunas que ya están en manos de pueblos indígenas, hasta la concesión de créditos blandos oficiales para apoyar proyectos productivos agrícolas en sus reservas, así como planes de protección y promoción de los derechos humanos.
