Hace doce días el país se concentraba en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Atenazado por la violencia provocada por la guerra contra el narco y la criminalidad común, se exigía de las autoridades eficacia y sobre todo seriedad. Se trataba de una exigencia muy extendida y acumulada que tuvo su primera explosión cien días antes. Hoy, gracias a la pirueta política de un gobernador y algunos seguidores, México discute ¡la pena de muerte! Vamos por partes.
Desde la doctrina es inaceptable. Mañana se conmemoran los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. El espíritu de Eleonor Roosvelt, Bassin, Malik, Santa Cruz, Peng-chun Chang y otros responsables directos de la redacción final merodea. El respeto a la vida y a la libertad de todo ser humano es el eje del documento. Se trata del paso civilizatorio más importante del siglo XX. Por supuesto que en pleno siglo XXI sigue habiendo naciones que aplican la pena de muerte: Estados Unidos como símbolo de una contrahechura doctrinal. Otros horrores siguen adelante como los castigos corporales e incluso la pena de muerte para los homosexuales que se aplican en alrededor de 20 naciones. La pena de muerte es un acto cavernario y vergonzoso. Llama la atención que el Partido Verde, en teoría promotor de la vida en todas sus expresiones, promueva esa acción. “Cuidan a los tucanes, pero están a favor de matar a seres humanos”, me decía un astuto gobernante local.
Pero si la doctrina no dice nada a algunos, si de pronto se han olvidado de todos los tratados y convenciones suscritos por México contrarios a la pena de muerte, si el miope pragmatismo oportunista los guía estos días, recordemos que la pena de muerte tampoco funciona como un disuasivo poderoso. Hablar de la pena de muerte es demagógico, no tiene ningún sustento científico y, lo más grave, resucita los instintos de venganza contrarios a la idea de justicia. La barbarie no es respuesta a la barbarie. Usted lector y yo hemos perdido varios minutos en recordar una discusión que ya se dio. Y para agravar el brutal desperdicio de tiempo, sobre todo cuando se necesitan acciones urgentes, permítame recordar que el PAN y el PRD se han manifestado en contra, por lo cual la moción no es viable. Pero sí tiene en cambio una consecuencia perversa: distrae al país.
Comentábamos la semana pasada (DIAGNÓSTICO) que todas las cifras apuntan a la impunidad como el gran nudo de la administración de justicia en México. Es el tema clave. Un ejemplo, retomo las cifras de Luis de la Barreda, director de ICESI; en España o Japón nueve de cada diez homicidios dolosos repercuten en la presentación de un presunto responsable ante un juez, muy pocos escapan. Las sentencias condenatorias alcanzan un porcentaje altísimo. En México en sólo dos de cada diez homicidios dolosos se presenta a un responsable. ¡El 80 por ciento escapa a la averiguación! Pero ahí no termina la historia, si la averiguación previa está mal presentada el juzgador no puede llegar a una sentencia condenatoria. Por eso en sólo siete de cada mil delitos se arriba a una sentencia condenatoria. ¿Por qué deben los mexicanos confiar en el sistema de administración de justicia? Con esos niveles de impunidad ser un “delincuente exitoso” tiene una probabilidad mucho más alta que ser un comerciante exitoso o un profesionista exitoso. Se trata de un terrible incentivo perverso.
Decíamos que en el desempeño de nuestros fiscales se encuentra buena parte la explicación. De ahí la relevancia de la información dada a conocer por el procurador Miguel Ángel Mancera. Según las cifras de un examen reciente, más de la mitad de los miembros del MP capitalino resultaron incapaces para ejercer su función. No tenemos por qué suponer que el caso de la capital sea muy diferente al de otras entidades. Pero sea como sea la falta de conocimientos tiene solución. Sin embargo hay otra posibilidad: la connivencia entre los fiscales y los delincuentes. Una averiguación previa dolosamente mal integrada es tanto como dar la llave de salida a los criminales. Las averiguaciones mal integradas, por incapacidad o dolo, cancelan al juez la posibilidad de una sentencia adecuada, resultado: una terrible impunidad.
A ello hay que agregar que también hay jueces que se corrompen. De allí la importancia de que el Poder Judicial sea capaz de depurarse a sí mismo. Por eso resulta muy preocupante que la información dada a conocer por Reforma en el sentido de que en más del 40 por ciento de los casos de posible connivencia de juzgadores estos tuvieran que ser reinstalados. Repito la perniciosa cadena: escasísima investigación delictiva que deja afuera a ocho de cada diez homicidas, pésima preparación de los fiscales y también corrupción que devienen en averiguaciones previas malogradas Estas no permiten la sentencia condenatoria. Impunidad. Y además un Poder Judicial penetrado y acorazado con la propia Ley. Allí está la información para quien quiera leerla. ¿Dónde están las propuestas de los señores gobernadores sobre este asunto? No todo puede salir de la Federación. ¿Dónde las del Poder Judicial? ¿Dónde las de los legisladores? Pero no se preocupe el lector, porque nos amanecimos con la buena noticia de que ya tenemos un nuevo derecho, ahora a la cultura.
Una sugerencia para los ciudadanos y organizaciones involucradas en seguridad. Además de la información estadística y de la denuncia anónima lo que se podría implementar es una observación de la eficacia de los fiscales. Un fiscal que sólo presenta averiguaciones fallidas o es un incapaz o es parte del crimen. Adoptemos un fiscal. Que la memoria de Silvia Vargas sirva de algo.
