“Pacta sunt servanda” (“Lo pactado obliga”).
Proverbio latino
Invertir dinero en cualquier actividad productiva implica riesgos, pero éstos se multiplican en México por la falta de respeto a los contratos y a la Ley. Pregunte a la firma canadiense Goldminers, propietaria de Minera Dolores, que ha encontrado que en el estado de Chihuahua los contratos y la Ley no valen nada.
La empresa ha invertido 190 millones de dólares en la prospección y desarrollo de una mina de oro. El pueblo en el que está trabajando, Mineral de Dolores, en el municipio chihuahuense de Madera, está marcado por la pobreza. Muy pocas inversiones productivas son posibles en la Tarahumara, pero ésta ha encontrado su principal obstáculo en una serie impune de extorsiones.
Dolores es un pueblo tradicionalmente minero. A principios del siglo XX llegó a tener una población de cinco mil personas. La declinación de la minería a partir de 1928 llevó a una pérdida gradual de población. Para 1994, cuando Goldminers empezó a tener presencia, sólo unas 300 personas habitaban en el pueblo.
Los técnicos encontraron que las nuevas técnicas mineras -especialmente la lixiviación, con la que se disuelven los metales de un mineral para su posterior recuperación- y los precios internacionales abrían la posibilidad de producir nuevamente oro. Por eso en 1996 Minera Dolores firmó un contrato de ocupación temporal por tiempo indefinido con las autoridades del ejido de Huizopa para preparar una posible explotación minera.
La empresa empezó a pagar a los ejidatarios un alquiler que se incrementaba anualmente. De conformidad con el acuerdo, la empresa realizó una serie de inversiones de apoyo a la comunidad. Construyó, por ejemplo, un camino que la unió a la cabecera municipal de Madera, y rehabilitó y reactivó un aeródromo.
Las prospecciones y estudios de factibilidad concluyeron en 2004. Goldminers dio luz verde al proyecto. Pero algunos grupos vieron esta decisión no como el inicio de una nueva era de trabajo sino como un banderazo para extorsionar a la empresa.
A pesar de que el contrato original incluía el derecho a una explotación minera, el comisariado ejidal exigió una adición. Tras una negociación, se firmó un adendo para otorgar nuevos beneficios al pueblo. Ejido y empresa asumieron el compromiso de mudar a los habitantes a una nueva ubicación. Las casas fueron compradas a precios superiores a los de mercado, pero los problemas se multiplicaron. Algunos ejidatarios vendían su casa y de inmediato construían otra junto a la primera, lo cual impedía despejar el área para la mina. Después de que se hacían los pagos aparecían otros “dueños” que, aun sin papeles, exigían dinero. Muchos demandantes no habían vivido en el pueblo por años. Para presionar a la empresa hubo bloqueos del acceso a la mina y un secuestro de maquinaria. De nada sirvió que los tribunales dieran fallos a favor de la empresa o incluso giraran una orden de aprehensión. La Policía nunca se atrevió a actuar. La empresa tuvo que pagar varias veces muchas casas.
El comisariado decidió entonces que quería más dinero. La empresa trató de resistirse, pero ante la posibilidad de perder la inversión realizada firmó un nuevo contrato, el cual entró en vigor el 18 de noviembre de 2006. A la firma, pagó 39 millones de pesos a los 221 ejidatarios. Además se comprometió a construir un centro comunitario (con iglesia, salón de actos y oficina ejidal con cocina y sanitarios), una escuela con jardín de niños y primaria, alojamientos para maestros, instalaciones de telesecundaria, campos deportivos, instalaciones de luz eléctrica, agua, drenaje y fosas sépticas. Prometió también pagar becas a los estudiantes.
La empresa ha invertido hasta ahora 190 millones de dólares en el proyecto, lo cual incluye la construcción de un nuevo pueblo para la reubicación de los habitantes. Pero la pesadilla no ha terminado. El comisariado ejidal renunció bajo presión y fue reemplazado por otro que a su vez fue derrocado por un tercero. La disputa política está en los tribunales. El comisariado que controla el ejido ha desconocido los contratos de 2004 y 2006 y ahora, asesorado por organizaciones políticas, exige el 50 por ciento de las utilidades de la mina, además de todo lo ya recibido.
Las autoridades de Chihuahua se han mostrado reacias o incapaces de hacer cumplir la Ley. Los bloqueos se han vuelto una forma cotidiana de extorsión. En diciembre un intento de robo de la nómina dejó un saldo de un muerto y dos lesionados.
Si la mina entra en operación generará unos 300 empleos directos y 400 entre contratistas permanentes. En la Tarahumara es muy difícil encontrar un proyecto que genere tantos empleos. Pero si las autoridades de Chihuahua permiten que continúen los chantajes, la inversión podría cancelarse.
Los grupos de extorsión piensan que han encontrado su “minita de oro”, pero pueden terminar matando a la gallina de los huevos de oro. Y el mensaje a la comunidad internacional será devastador: en México no se respetan ni los contratos ni la Ley.
RESPETO A CONTRATOS
Ronald Coase recibió el Premio Nobel de economía en 1991 por sus estudios sobre la importancia de las instituciones para la generación de prosperidad. Apuntó que los costos de realizar transacciones en una sociedad en que no se respetan los contratos son muy elevados. El resultado es una disminución de la capacidad de crear prosperidad. Ésta es una de las explicaciones más importantes de la pobreza en México.
