LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN de reforma energética tiene varios y profundos elementos difíciles de poder comentar en dos cuartillas. Sin embargo, trataremos de referirnos a algunos de ellos que más podrían interesar a los lectores.
EN UNO DE SUS CAPÍTULOS del proyecto de reforma a la Ley Reglamentaria de Pemex propone el presidente que la Cámara de Diputados podrá autorizar a Pemex un techo financiero de endeudamiento anual, hasta por determinada cantidad de millones de pesos, de manera que Pemex podría de manera autónoma y sin necesidad de la previa autorización de la Secretaría de Hacienda, endeudarse en el exterior ante bancos o financieras internacionales.
LA ACTUAL LEY Reglamentaria no le permite a Pemex contratar deuda en el exterior de manera directa. Es a través de la Secretaría de Hacienda como puede la paraestatal ocurrir a los mercados de dinero del mundo, para obtener aquellos créditos que le son necesarios para su desarrollo y crecimiento.
ESTE PUNTO HA SIDO uno de los más sensibles de la reforma y uno de los que ha dado origen a la polémica entre los diputados de los diversos partidos políticos que tendrán que aprobarla.
LAS OPINIONES VERSAN en el sentido de que, en el momento en que Pemex salga a los centros del dinero para obtener los préstamos que le son necesarios para su desarrollo, se vería obligado también a otorgar las garantías que los bancos le pidan para el otorgamiento de esos créditos, y estas garantías no podrían ser otras que su patrimonio, dentro del cual queda incluida su producción en petróleo, sus instalaciones y las facturas a futuro por las ventas del crudo.
POR OTRA PARTE, Pemex quedaría sujeto, en caso de controversia legal, a tribunales o paneles extranjeros que en última instancia serían los que resolverían los conflictos derivados de los créditos. Por otra parte, los accionistas o socios de los bancos acreditantes se convertirían en los titulares de los créditos a cargo de Pemex y titulares de sus garantías, quedando de manera irreversible a los juegos del mercado bursátil con todos sus riesgos que le son inherentes a este tipo de transacciones financieras anónimas, que finalmente se manejan y operan en line-cibernética.
SIENDO PEMEX la principal empresa del país y la que proporciona casi el 40% de los ingresos que cada año recibe el Gobierno Federal, éste tiene la obligación de vigilar de manera directa su endeudamiento, las garantías que se darían a los acreedores.
CONOCIENDO LA TRÁGICA historia de este país, habría que recordar los “Bonos Jecker” emitidos por los gobiernos centralistas de México a mediados del siglo XIX, y que fueron el pretexto del Emperador Napoleón III para invadir a México con el fin de hacerlos efectivos.
EL PATRIMONIO DE PEMEX, no puede andar ahí por el mundo por voluntad de un consejo de administración, que podrá tener muchas otras facultades, pero no la de dar en prenda sin el visto bueno del Gobierno Federal los bienes de la paraestatal.
EN OTRO DE SUS PUNTOS, el proyecto de reforma presidencial Calderón propone, “en letra chiquita”, la posibilidad de que Pemex pueda asociarse con capital local o extranjero para el establecimiento de plantas de refinación, conducción de petróleo, almacenamiento y en los contratos de riesgo exploratorios principalmente. Es de hacer notar que estas actividades actualmente están prohibidas en el Artículo 27 constitucional y en la propia Ley Reglamentaria a modificar.
EN ESTE SENTIDO sería mucho más conveniente que se reconociera la necesidad real de reformar el 27 constitucional, para adecuarlo a los tiempos globalizados que vivimos, que incuestionablemente son muy diferentes a los años de 1917 cuando se promulgó.
SI LOS TIEMPOS han cambiado y las circunstancias son muy diferentes a las que dieron origen a nuestra legislación actual, pues que se piense en una reforma real con una vigilancia especial en todos y cada uno de los contratos o de asociación que podría celebrar Pemex con terceros. Ahí es y precisamente en el punto de los “contratos”, en donde radica específicamente la diferencia de criterios entre las diversas corrientes políticas. Estudiando los contratos se podría llegar a consensos.
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