Seguro de que sus dos entrevistas del jueves pasado (una en privado con Manlio Fabio Beltrones, la otra en público con Joaquín López-Dóriga) y la ronda de conversaciones radiofónicas del viernes habían apuntalado su frágil posición, dañada por las revelaciones sobre su verdadera personalidad, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño acudió el sábado al Encuentro Nacional de Legisladores del PAN, en Guanajuato. Allí habló de temas que no le conciernen y de los que poco o nada sabe.
Se refirió a la eventual huelga eléctrica en el Distrito Federal y los estados vecinos, servidos por Luz y Fuerza (LyF), que comenzaría el próximo domingo, de no renovarse el contrato colectivo entre ese organismo público y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). “Esto podría generar problemas serios para la zona central del país”, dijo a sus correligionarios, que lo arroparon en la delicada condición en que se encuentra y se solidarizaron con él sólo con base en su palabra y la común convicción de que siendo todos gente decente han de ser falsas las imputaciones que se le asestan, por más que el propio Mouriño haya reconocido que firmó contratos con Pemex como si fuera un particular siendo que era legislador o funcionario público.
No es posible desestimar los efectos de una suspensión de la energía eléctrica en la gran aglomeración urbana que ya casi hace realidad la continuidad urbana que permitió al economista Edmundo Flores: bautizarla como Mexcuepuetopa, acrónimo que resulta de la sílaba inicial de las ciudades que serían una y la misma: México, Cuernavaca, Puebla, Toluca y Pachuca. Pero tampoco es necesario exagerarlos pintando un panorama negro. La legislación permite al Estado practicar la requisa tratándose de servicios públicos. Tal operación es contraria al derecho de huelga, porque elimina el carácter de instrumento de presión que le es propio, pero asegura los derechos de la comunidad que resultaría afectada.
Por eso mismo el SME ha salido a acordar los términos de la contratación y de la revisión salarial, para evitar que su fuente de trabajo sea requisada y prestado el servicio por operarios diferentes de los habituales. Los emplazamientos correspondientes suelen contener peticiones inadmisibles que, por lo mismo pronto son dejados de lado (como establecer en el contrato colectivo la perennidad de la compañía eléctrica, pactar lo cual escapa por entero al ámbito de posibilidades jurídicas de cada una de las partes).
Comprensiblemente, porque no se formó en México, el habitante del palacio de Cobián tal vez ignora que el dispositivo legal para evitar consecuencias negativas de la huelga ha sido, en las escasas oportunidades en que se le puso en práctica, acatado por el sindicato, por más que lo descalifique y lo considere contrario a su derecho. Por esa misma ignorancia teme que ese sindicato “puede generar muchos problemas”. No será así en la medida en que la propia organización gremial, la empresa que la contrata y las autoridades del trabajo y de economía se ciñan al papel que la Ley les asigna. Mientras eso ocurra, la pugna laboral corre por cauces institucionales y dista de ser un asunto de seguridad nacional, única circunstancia que justificaría que el secretario de Gobernación se ocupe del tema.
Existe, ciertamente, la posibilidad de que la dirección sindical, que ha radicalizado su discurso, lo hiciera también en los hechos. Pero el sindicato es una organización sólida que impediría que su liderazgo se desboque, ya sea en su relación con la empresa y el Gobierno, ya en su posición ante otros sectores de la sociedad. En ese terreno, no sería extraño escuchar desde dentro del SME expresiones que disientan y condenen las que el secretario general Martín Esparza ha emitido en torno al diario Reforma, que han sido antecedidas y seguidas por mensajes sin firma y rumores amenazantes. Por lo pronto Esparza mintió cuando dijo a sus compañeros, en un mitin efectuado el seis de marzo, que este periódico no paga el suministro eléctrico que recibe, y lo atribuyó a un arreglo ilegítimo con Luz y Fuerza, para denostar al sindicato. Al día siguiente, el diario dio a conocer que sólo en el primer bimestre de este año ha cubierto la cantidad de cuatro millones 359 mil pesos por su factura eléctrica, según consta documentalmente. Esparza no ha sido capaz de reconocer que faltó a la verdad.
Reforma ha publicado de modo sistemático y no sólo ahora, sino tan frecuentemente como la situación lo demanda, información sobre el deficiente servicio eléctrico suministrado por aquel organismo. En la gestación de las condiciones que reducen cotidianamente la calidad del suministro han concurrido principalmente factores atribuibles a la política gubernamental. Pero el sindicato se comportaría como avestruz si no admitiera el grado de responsabilidad que le corresponde. Es cierto que sus conquistas laborales son irrenunciables, pero también lo es que pretender ensancharlas no goza del asentimiento público, y no tener conciencia de que así se aísla al sindicato de su entorno.
Más graves que la mentira de Esparza son las amenazas de “cortar la luz”, (como llamamos a la interrupción del servicio eléctrico) a las instalaciones de este diario, emitidas por miembros del SME. Abominable siempre, un acto de censura a la libertad de información como el que supondría esa suspensión, sería mucho más grave por provenir de particulares, que cometerían un delito de actuar como avisan que lo harán.
