“En la guerra sólo te pueden matar una vez; en la política, muchas”.
Winston Churchill
No veo razón para pedir la destitución de Joel Ortega como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Convertir la tragedia del News Divine en una simple oportunidad para realizar ajustes de cuenta entre políticos no sólo es inadecuado sino inmoral.
La información disponible sugiere que Ortega no ordenó el operativo ni tuvo ninguna participación en la serie de errores que llevaron a la muerte a 12 personas el pasado 20 de junio. No encuentro, por lo tanto, razón para que se le destituya. Si alguna falla tuvo es no haber ordenado desde un principio una revisión de los procedimientos de operativos policiales que desde hace años se aplican en la Ciudad de México. Pero ése no es un problema de él sino de toda una cultura de abusos por parte de la Policía a los clientes de los centros de diversión.
Me inquieta, por otra parte, el cambio de la consignación de Guillermo Zayas -el comandante del operativo, jefe de la Unipol en Gustavo A. Madero- de homicidio imprudencial a doloso. “Doloso” viene de “dolo” que quiere decir, según el Diccionario de la Real Academia, “voluntad deliberada de cometer un delito”. El “homicidio doloso” en agravio de las 12 personas fallecidas en el News Divine implicaría que el comandante hubiera tomado la determinación deliberada de matarlas. La acusación parece fuera de lugar y de toda proporción. El comandante Zayas, quien se distinguió en la Procuraduría del Distrito Federal como fiscal de homicidios bajo el mando del maestro Bernardo Bátiz, niega incluso haber dado la orden de cerrar la puerta del antro, que fue la razón directa e inmediata de la tragedia del 20 de junio.
La consignación por homicidio doloso, en caso de ser aceptada por el juez, obligaría a encarcelar a Zayas antes de ser juzgado debido a que el delito se considera grave. Me imagino los riesgos a la vida del ex fiscal de homicidios al ser encerrado en un presidio en el que sin duda habrá muchos homicidas cuya detención él logró cuando estuvo en la Procuraduría. Más de uno buscará vengarse.
Por otra parte, el abogado defensor de Zayas, Pablo Hernández Romo, afirma que la actual Procuraduría no le ha permitido a él conocer los detalles de la acusación ni a su defendido ofrecer una declaración sobre los hechos. No es posible así ofrecer una defensa adecuada. (Después de escribir este artículo, Zayas rindió su declaración en el hospital).
El circo político que hemos visto a raíz de la tragedia del News Divine adquirió un tono patético cuando el jefe delegacional de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, compareció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acompañado, al más viejo estilo priista, de una porra de acarreados. Ante los asambleístas Chíguil afirmó que no había ninguna razón para pedir licencia a su cargo. Días después se vio obligado a renunciar.
Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, parece decidido a impedir que los hechos del 20 de junio simplemente se olviden o se queden sin castigo. En eso está haciendo lo correcto. Pero también es importante que la Procuraduría del Distrito Federal defina con precisión cuáles son las responsabilidades por lo ocurrido y que los actores políticos tengan la decencia de ver las pruebas y no de lanzarse a cargadas políticas. Linchar a chivos expiatorios no es justicia.
En resumen, la insistencia de destituir a Joel Ortega está fuera de lugar, por lo menos mientras no se ofrezcan pruebas de que él haya delinquido o tomado alguna decisión equivocada. El simple hecho de ser secretario de Seguridad Pública en el momento en que se llevó a cabo el operativo no es suficiente.
Es lógico que se haya consignado al comandante Zayas por homicidio imprudencial, aun cuando debe corroborarse si realmente dio la instrucción de bloquear la salida del News Divine. La acusación por homicidio doloso, sin embargo, es absurda y el que se le niegue el derecho a la defensa es inaceptable. La tragedia del News Divine no justifica la violación de los derechos legales de nadie.
La detención sin causa ni orden de aprehensión de los jóvenes que asistían a la discoteca y los otros abusos que se cometieron en su contra -como el que se haya desnudado a una treintena de jóvenes mujeres en el Ministerio Público- deben ser castigados. Pero los castigados deben ser los policías y agentes del MP que cometieron los abusos, los cuales deben ser identificados claramente.
El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo la actitud moralista que ha llevado a la realización desde hace años de constantes operativos policiales que tratan a los clientes de los centros de diversión como si fueran criminales. Una cosa es hacer cumplir los reglamentos de seguridad o de salud, y otra muy distinta mandar destacamentos de policías a amenazar, intimidar, extorsionar y detener a todos los clientes de un centro de diversión.
2,400 MILLONES POR NAPITO
Tan solo en paros ilegales, Napoleón Gómez Urrutia le ha costado 2,400 millones de dólares -no de pesos- a la industria minera del país. Esto lo señaló en una entrevista para CNNExpansion.com Sergio Almazán, director de la Cámara Minera de México. Y la guerra no ha terminado. Ante el rechazo de la Secretaría del Trabajo para otorgarle la toma de nota como secretario general del sindicato minero, parecen avecinarse nuevos pleitos que le costarán muy caros tanto a la industria como a los mineros del país.
