El Municipio inició las primeras acciones para dar lugar a la recepción de dos de los ocho fraccionamientos que aún no se le han entregado, luego de la reunión multidisciplinaria que se llevó a cabo hace algunos días.
El regidor Héctor Escamilla Ávila, integrante de la comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento, mencionó que uno de los acuerdos fue la integración de una comisión por parte de diversas dependencias, la cual se encargará de hacer revisiones en los fraccionamientos Residencial Quintas Lerdo y Quintas Lerdo II, previamente a su entrega por parte de la constructora Graciano y Asociados, S.A. (Gyasa.)
A la reunión asistió el dueño de dicho corporativo, Daniel Graciano, quien estableció el compromiso de que en el plazo de un año se efectuará la entrega al Municipio de los ocho fraccionamientos.
Escamilla indicó que “en esta ocasión le dimos un voto de desconfianza, pues ya ha quedado mal en otras ocasiones y esperamos que cumpla con los acuerdos que ahí surgieron”.
En la junta también se dio a conocer que actualmente las multas aplicadas a dicha empresa ascienden a 3.8 millones de pesos, pues al momento de que éstas se fijaron se dijo que la cantidad aumentaría conforme al paso del tiempo hasta llegar a un límite de su equivalente a diez mil salarios mínimos por cada fraccionamiento, lo que ya ocurrió.
La comisión multidisciplinaria que se integró, se encarga de revisar los detalles en cuanto a urbanización, instalaciones de alumbrado público, cordonería y otros servicios, para dar lugar al proceso definitivo de entrega-recepción.
Escamilla dijo que ante la disposición que mostró Graciano a cumplir con este procedimiento, las instancias municipales acordaron hacerle algún descuento en el monto de las multas, pues “no queremos obstruir la entrega de los fraccionamientos, sino por el contrario, terminar con esta problemática”.
Sin embargo, se analizará la posibilidad de proceder a la ejecución de embargo de bienes hasta que no se cumpla con el pago, esto para solventar los gastos que ha generado al Municipio por la prestación de servicios en dichos fraccionamientos.
Sólo asesoría
Ante la problemática social a que se enfrentan los vecinos de los fraccionamientos construidos por la empresa Gyasa, el Municipio únicamente puede brindarles asesoría.
Esto, en virtud de que la carencia de escrituras y las demandas que se han derivado de esta situación, se han convertido en un pleito entre particulares.
Existe un registro real de unas 424 familias afectadas en los ocho fraccionamientos, no sólo porque los servicios básicos son insuficientes debido a que dichos sectores no están entregados al Municipio, sino también porque no cuentan con documentos que garanticen la propiedad de las viviendas.
Según el Registro Público de la Propiedad, el fraccionador no concluyó los trámites para el registro de los inmuebles porque el notario público que se encargaría de este procedimiento no recibió el pago correspondiente.
Esta situación mantiene en la incertidumbre a las familias, quienes en su mayoría ya promovieron denuncias de tipo penal y están a la espera de que se les resuelva.
