“El nacionalismo es una enfermedad que se quita viajando”.
Pío Baroja
Madrid, España.- La detención esta semana de Txeroki, líder militar de la organización terrorista vasca ETA, es un gran triunfo para las autoridades españolas y para la seguridad de los españoles. ETA es una organización que ha actuado con la mayor de las crueldades en el logro de sus objetivos. La autoridad no puede bajar la guardia ante ella.
Pero ¿qué hay de los objetivos mismos? ¿Es correcto buscar la independencia de una región que durante siglos ha sido parte integral del reino español?
La Constitución española de 1978, admirada internacionalmente y que este diciembre cumplirá 30 años, dice que no. El reino español es uno solo y no admite escisiones. Por eso el Gobierno nacional, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, no sólo persigue a ETA sino que ha negado al Gobierno vasco, encabezado por el Partido Nacionalista Vasco, la posibilidad de hacer un referéndum sobre la posible independencia de esa región.
El Gobierno central español ha hecho todo lo posible para dar autonomía a las distintas regiones españolas, especialmente las que, como el País Vasco, Galicia o Cataluña, tienen reivindicaciones independentistas o lenguas distintas al castellano. Los gobiernos de Cataluña y el País Vasco ejercen responsabilidades mucho más amplias de las que tienen los estados en una federación normal. Valga señalar que las limitaciones que se establecen al empleo de la lengua castellana en Cataluña serían inaceptables si se fijaran para los catalanes en el resto de España o para alguna minoría lingüística en cualquier país del mundo. Pero no hay duda de que cuando menos un porcentaje de la población vasca y catalana considera que esto no es suficiente y sueña con la posibilidad de tener su propio e independiente país.
Es difícil saber cuál sería el porcentaje real de la población que votaría por la independencia en el País Vasco o en Cataluña. Pero parece inaceptable, en un mundo en el que damos por hecho de que los pueblos deben escoger sus formas de gobierno de manera democrática, que se impida la realización de referendos sobre algo tan fundamental como la pertenencia de un pueblo a un Estado nacional.
Los gobiernos nacionales suelen ser muy hipócritas al considerar el derecho de la autodeterminación de los pueblos. La Unión Europea respaldó el derecho de Bosnia a constituirse en un país independiente de Serbia, pero no el de Abjasia y Osetia del Sur a separarse de Georgia. A su vez Rusia ha promovido la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, pero se ha negado a aceptar la de Chechenia. Francia promovió durante el Gobierno de Charles de Gaulle la independencia de Quebec de Canadá, pero se ha opuesto a la de la isla de Córcega de Francia.
Las Naciones Unidas han mantenido una posición que en general desmotiva la posibilidad de que los pueblos busquen su independencia de los países a los que pertenecen. La razón ostensible es evitar que se fomente una oleada de guerras de independencia en todo el mundo. Pero hay otra razón de mayor fondo y es que la ONU es una organización de Estados nacionales que, por conveniencia, quiere evitar que se modifique el statu quo.
La experiencia nos dice que los pueblos no necesariamente quieren la independencia a pesar de tener idiomas y culturas distintas a las de los grupos mayoritarios de su país. Dos veces los quebequenses han rechazado la separación de su provincia de Canadá, aun cuando la última vez el margen fue muy pequeño. Si hubiera habido un referéndum, los eslovacos probablemente habrían rechazado su separación de la República Checa.
Coincido con la posición de los gobiernos españoles de utilizar toda la fuerza del Estado para acabar con el terrorismo criminal de ETA. El asesinato de inocentes, como ETA acostumbra, no se justifica por ningún objetivo político. Pero no estoy de acuerdo en que se impida la realización de un referéndum sobre la posible independencia del País Vasco o de Cataluña en caso de que los habitantes de estas regiones así lo quieran. Nunca debe impedirse a un pueblo expresar su libre voluntad.
Las constituciones no pueden ser, en última instancia, más que un reflejo de la voluntad de los pueblos. Mantener a un pueblo sometido a una soberanía extraña no puede ser saludable. No lo fue para los mexicanos cuando tomamos la determinación, violatoria del orden jurídico en aquel entonces y quizá incluso dañina para nuestra economía, de separarnos de la corona española a principios del siglo XIX. Los sueños de libertad, sin embargo, difícilmente pueden sofocarse por la fuerza de las armas.
EL DOGMA DE KEYNES
Los gobiernos del mundo quieren enfrentar la actual crisis económica con mayor gasto público sin prestar demasiada atención a si este gasto es realmente productivo o no. Quizá por ello hay tanto escepticismo ante estas soluciones por parte de los inversores. Estados Unidos tenía ya un fuerte déficit de presupuesto cuando empezó la actual contracción. Japón ha tenido también un gasto muy elevado durante años sin por ello generar una recuperación cabal en su economía. Quizá haya llegado el momento de cuestionar el dogma de John Maynard Keynes de que las recesiones económicas se resuelven simplemente con mayor gasto gubernamental.
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