A lo mejor no estaría demás suplir la conocidísima leyenda de “sufragio efectivo, no reelección”, por aquella otra de “nada con exceso, todo con medida” que, hasta ahora, no se relaciona con la política.
De entrada, el Gobierno podría presentarla como una gran innovación y, de salida, si la frase cala en la conducta política, podría significar un importante cambio en nuestra cultura. Y es que, aun cuando se niegue, los excesos, la indiferencia y la falta de moderación política le están costando demasiado a la nación.
Cifras importantes de dinero se pierden, esfuman, salen, no llegan o no se generan en el país, simple y sencillamente por la feria de excesos en que naufraga la política y que, de más en más, golpea a la economía nacional. Contribuye al agravamiento de los problemas de origen estrictamente económico.
Por eso no estaría demás suplir aquella leyenda por la otra.
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Vale traer a colación el asunto porque, esta semana, el problema quedó claramente expuesto.
Los excesos en materia de derechos humanos le significaron al Gobierno la pérdida de 50 millones de dólares. Así de claro. La decisión del Senado estadounidense de recortar en 50 millones de dólares los recursos destinados al Plan Mérida, propuesto por el Gobierno mexicano a su homólogo estadounidense, tiene una relación directa con los excesos que, en ese campo, ha incurrido la Administración calderonista.
En esa cantidad se cifran los excesos cometidos por el Gobierno y, quizá, ahora, sintiendo la pérdida en el bolsillo, el Gobierno comience a entender que los derechos humanos son eso y no una cuestión filosofal digna de atenderse o no. Prácticamente, desde el arranque del sexenio, el Gobierno e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han actuado con laxitud, indiferencia o desdén frente a los evidentes abusos que, en la materia, se han venido cometiendo.
Sin decirlo, se puso en práctica una tolerancia frente a la violación de los derechos humanos. Se jugó a hacerse de la vista gorda frente a los excesos, a descalificar a los organismos nacionales y extranjeros que denunciaban las violaciones y, ahora, resulta que de esos excesos tomó nota el Senado estadounidense que resolvió reducir y condicionar la ayuda solicitada por México.
Así de los 500 millones de dólares originalmente solicitados para el arranque del Plan Mérida, el monto –con el otro recorte aplicado por la Cámara Baja de ese país– ya sólo asciende a 350 millones de dólares. Lo más curioso del asunto es que, aun y habiendo recibido esa cubetada de agua fría, el Gobierno mexicano todavía no dice esta boca es mía.
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Otro ejemplo. Los excesos cometidos con el abuso de spots durante la anterior elección presidencial significarán, en principio, una pérdida de mil 916 millones de pesos para las televisoras y las radiodifusoras en los comicios del año entrante.
Sin el menor recato o moderación, partidos políticos, concesionarios y organismos gremiales suplieron los argumentos políticos por los infomerciales que, a la postre, dieron por resultado la polémica reforma electoral que, ahora, reducirá considerablemente los ingresos de las empresas televisoras y radiodifusoras. Poco les importó ese exceso a los partidos y a los concesionarios en la medida que quienes ponían el dinero de ese gasto exorbitante eran precisamente los ciudadanos y, ahora, verán disminuidas sus prerrogativas y ganancias porque con la nueva reforma electoral ese abuso ha sido cortado. No hubo moderación.
De ahí que, ahora, los concesionarios estén particularmente interesados en el destino de los amparos interpuestos para ver si los ministros echan abajo esa reforma y, curiosamente, esa situación está generando un nuevo costo: el derivado de la incertidumbre política y jurídica sobre la validez o invalidez de la reforma electoral.
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Un ejemplo más. Los bombazos a los ductos de Petróleos Mexicanos llevados a cabo por el Ejército Popular Revolucionario costaron alrededor de mil millones de dólares tanto por los ingresos perdidos como por los gastos de reparación.
La causa de esos atentados fue, igualmente, un exceso: la desaparición forzosa de dos militantes de esa agrupación guerrillera que, por los demás, llevaba meses reclamando la presentación de aquéllos. Durante meses, el Gobierno se mostró indiferente frente aquel exceso o, peor aún, incurrió en nuevos excesos como lo fue aquel comunicado emitido por Gobernación la noche del viernes 7 de diciembre pasado donde, con la mano en la cintura, se desentendió del problema.
A la indiferencia frente al exceso siguió la cerrazón. El nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo no al diálogo para más adelante convocarlo de manera equívoca. Hoy, frente a la contundencia del efecto causado por aquel exceso, Gobernación es la que pide a la guerrilla sentarse a la mesa. Al menos, hay esa rectificación.
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Ejemplos, como los tres expuestos, hay muchísimos más donde los Gobiernos, federal, estatales y, desde luego, los partidos políticos, actúan sin moderación y, en el exceso, agravan la ya de por sí emproblemada situación económica.
Ahí está el costo que, sin duda, representa para Oaxaca su gobernador, Ulises Ruiz. Sin considerar el presumible saqueo que se ha hecho de las arcas estatales o de los supuestos negocios hechos al amparo del poder, desde hace precisamente dos años ese gobernador ha venido golpeando una y otra vez la economía de la entidad a causa de los excesos políticos que practica. Excesos que, increíblemente, en complicidad ha tolerado el Congreso de la Unión del Gobierno Federal que, en razón de intereses partidistas o electorales, ha sacrificado a la entidad para mantener en su lugar la cabeza de Ulises Ruiz.
Si los economistas se interesan por los daños colaterales que los excesos políticos provocan en las economías regionales o nacional, sin duda, concluirían que no es tan cierta la expresión aquélla de que la economía trabaja como si en nada la afectara la política.
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Un ejemplo viejo de los estragos que los excesos políticos tienen sobre la economía fue, sin duda, el cierre de la Administración salinista.
En aquel año, el Banco de México estimó que el homicidio de Luis Donaldo Colosio y sus consecuencias políticas significaron una reducción en las reservas internacionales de más 10 mil millones de dólares. Y, sobra decirlo, entre el levantamiento armado zapatista, el secuestro de Alfredo Harp Helú, la renuncia de week-end del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, las reservas quedaron hechas polvo. El cierre del salinismo fue devastador.
Hoy, sin llegar todavía a los niveles de aquella crisis política, los excesos y las señales de incertidumbre política y jurídica están generando una atmósfera que, aparejada a los problemas manifiestamente económicos, podrían derivar en una crisis combinada de igual o mayor envergadura a la registrada en aquel entonces. El radicalismo político, la polarización social, la frágil situación económica en un descuido podría hacer del futuro nuestro pasado.
Quizá, sólo por eso, convendría adoptar aquella leyenda: “nada con exceso, todo con medida”.
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