Según una evaluación de expertos a iniciativa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la propuesta de reforma petrolera de Felipe Calderón alcanza una calificación de 6.34 en una escala de 0 a 10; apenas cubre el expediente
En el singular examen, integrado a la corriente de los foros realizados por el Senado y la Universidad Nacional Autónoma de México, participaron 12 sinodales reputados como expertos en diversas disciplinas.
El abanico oscila entre ex funcionarios públicos, funcionarios en ejercicio, académicos, analistas, auditores y, naturalmente, técnicos en la materia.
El documento se dividió en nueve capítulos específicos, ponderándose un porcentaje de calificación en cada uno de ellos.
El de mayor peso, es decir, 30 por ciento de valor (Impacto anticipado: costos y beneficios), alcanzó la mayor calificación promedio: 7.2, en un escenario en que se alaba desde un ángulo la simple atención al tema, pero se crítica, desde otro, el que no se coloque en la mesa de discusión la posibilidad de competencia para Petróleos Mexicanos.
Adicionalmente, se lamenta que no se coloque en el tapete el papel del sindicato y el impacto actuarial de las pensiones en curso para los trabajadores.
En escala descendente, con una ponderación de 13 por ciento, se ubica el capítulo de aspectos legales, colocándosele en la frente al Ejecutivo una calificación reprobatoria de 5.3.
Los sinodales ubican cuatro problemas en aspectos clave:
— Implicaciones de establecer un régimen de excepción para Pemex que conviva con la legislación general. Incertidumbre y amplio ámbito de discrecionalidad que disminuye eficacia.
— Definición de los contratos de desempeño y su constitucionalidad, y congruencia con lo negociado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para los contratos de riesgo.
— Órgano emisor de normas internas y conflictos con terceros por el papel de Pemex como autoridad.
— Naturaleza jurídica de las pensiones de los trabajadores que, en principio, no son deuda pública al no tener como contraparte un activo que genere su propia fuente de pago.
Ponderado con 22 por ciento, el siguiente capítulo, Alternativas y soluciones propuestas, recibió una calificación de 6.2, subrayándose la falta de imaginación en la propuesta de soluciones.
El escenario habla de soslayarse la posibilidad de un mercado de productos energéticos en que se fijen precios, se asegure el abasto y se negocien contratos de compra venta de largo plazo.
La gran sorpresa es que se critica el no haberse analizado a fondo el artículo 28 de la Constitución, dado que éste no reconoce a la comercialización de productos energéticos, con la excepción del servicio público de energía eléctrica, como una actividad estratégica que deba ser monopolizada. Más aún, se aduce que éste prohíbe las prácticas monopólicas aún para las entidades paraestatales, con excepción de las áreas estratégicas.
Adicionalmente, se critica el que se hable de eficientar a Pemex sin modificar la naturaleza jurídica que le impone camisas de fuerza.
Y si le seguimos, se señala que el no utilizar las mejores tecnologías disponibles para la exploración y extracción de petróleo viola el espíritu de los artículos 27 y 28 de la Constitución, que obliga a asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para conseguir la máxima renta de petróleo.
El siguiente capítulo (Definición del problema), con una ponderación de 10%, le da a la propuesta un rotundo 5.7, al calificar el diagnóstico como pobre al realizarlo las partes interesadas, lo que le resta credibilidad.
El “jurado”, es decir, Jesús Silva-Herzog Flores, Javier Beristáin Iturbide, Jorge Chávez Presa, Luis de la Calle, Carlos Elizondo, Carlos Heredia, Roberto Newell García…, lamenta que se haya dejado de lado el establecimiento de un mercado competitivo de energéticos; la definición de renta petrolera y su maximización; el impacto de actividades sucedáneas en la administración de ésta; el papel del sindicato, y los contratos colectivos del trabajo.
Más allá, bajo la misma ponderación, se le coloca un siete al capítulo Factibilidad e instrumentación, al considerar que se anticipan problemas jurídicos, es decir, se podría plantear una Controversia Constitucional.
Y aunque alcanza 6.6 el tema, se considera que no existe congruencia presupuestaria al no incluir las pensiones ni imprimir competencia que limite la merma de la renta petrolera.
Se diría que mientras los tirios la descalifican, los troyanos le dan una calificación mediocre a la propuesta.
De panzazo, pues.
Balance General
Convocado hace algunas semanas a desayunar con el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, habló de tres focos rojos en el tablero: las revisiones contractuales en Petróleos Mexicanos, Mexicana de Aviación y Volkswagen.
El primero, como usted sabe, se volvió rosa al plantear el sindicato encabezado por Carlos Romero Deschamps un pliego petitorio blandito a cambio de conservar privilegios, es decir, dádivas multimillonarias a título de ayudas.
El segundo lo rompió de un balazo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al negarle a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación la posibilidad de emplazar, a pretexto de que estaba en curso un amparo contra la resolución de un Conflicto de Naturaleza Económica que obliga a desmantelar el contrato colectivo.
El tercero sigue encendido, al plantearse una petición de incremento salarial de 13.3 por ciento.
Segunda vuelta
La semana próxima el Consejo Coordinador Empresarial planteará su segunda versión de la Agenda de Competitividad, en cuyo marco se le asignan tareas específicas al Ejecutivo y al Legislativo.
La novedad es que esta vez se incluyen dos temas nuevos: servicios y turismo, además de exhibirse el raquítico grado de avance en las metas previstas en el primer documento, que en algunos casos alcanza apenas cinco por ciento.
La urgencia la planteó la caída de la posición 41 a la 44 en un listado de 60 países, entre 2007 y 2008.
Se diría, pues, que el país va en picada.
La medición, como usted sabe, la realizó el Doing Business del Banco Mundial, en un escenario en que el país retrocedió hasta seis escalones en seis de las 10 variables a consideración.
Más españoles
Sin haberse lanzado aún las convocatorias correspondientes para los contratos de construcción de dos nuevos aeropuertos: uno en la zona de Palenque, Chiapas, y otro en Baja California, concretamente el paraje denominado Punta Colonet, ya hay seis empresas españolas en línea de tiro. Como usted sabe, la intención de la SCT es que las terminales se operen como instancias privadas.
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