La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó amparos interpuestos por empresas de Grupo Televisa y por Cemex contra disposiciones fiscales de 2005 que las obligan a pagar impuestos por inversiones realizadas en países conocidos como “paraísos fiscales”.
Por mayoría de votos, los ministros determinaron que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no viola los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad y que las empresas y las instituciones de crédito deben tener el mismo trato fiscal en ese rubro.
Al resolver cuatro amparos sobre los artículos 205, 212, 213 y 214 de la citada Ley, señalaron que la modernización y globalización en que está inmerso el mundo, y en consecuencia México, ha obligado a los países a adecuar sus legislaciones fiscales para combatir consecuencias negativas.
Así por seis votos en favor y tres en contra se aprobó el dictamen para negar el amparo a la empresa Telesistema Mexicano, mientras que sobre Distribuidora Intermex la votación fue de siete en favor y dos en contra. Ambas empresas pertenecen a Grupo Televisa.
A Cemex, compañía a la que el pasado martes ya se le había negado un amparo sobre el mismo asunto, ayer los ministros le negaron nuevamente otro contra esas disposiciones fiscales.
A la empresa Visión Integral Empresarial le negaron por unanimidad el amparo, y aclaró que las instituciones de crédito deben recibir el mismo trato fiscal que las empresas.
En la sesión pública de ayer, el ministro Genaro Góngora Pimentel expuso que los llamados “paraísos fiscales” han sido suelo fértil para eludir y en ocasiones, evadir el pago de impuestos en los países de origen de las empresas, lo que genera la erosión de la base recaudatoria en el país.
Ello, dijo, provoca una disminución en el patrimonio del erario, “obligando al Estado a subsanar dicha merma y arrojando la carga económica al resto de los gobernados, sosteniendo estos últimos los gastos del Estado, por la falta de pago de aquellos que elusivamente huyen del fisco”.
Sobre los asuntos resueltos ayer en el Pleno de la SCJN, la ministra Olga Sánchez, quien al igual que su colega Sergio Salvador Aguirre Anguiano, votaron en contra, excepto en uno de los casos, justificó el sentido de su voto en la falta de claridad en el sistema.
