El EPR dijo que el trabajo de la comisión de intelectuales que propuso para encontrar a dos sus militantes desaparecidos desde hace casi un año, será sólo de intermediación ante instancias legales “y nada más”. (El Universal)
Descartan vínculos con Chávez, las FARC y estar detrás de manifestaciones de la APPO.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) dio a conocer ayer dos nuevos comunicados en los que califican de falsas las versiones periodísticas que aseguran que han entrado en negociaciones con el Gobierno federal.
En ninguna de las dos misivas hacen referencia al planteamiento que hizo la semana pasada el Gobierno federal respecto a un eventual diálogo amplio y directo.
La única mención al tema la hace el EPR en un párrafo en el que define: “lo que solicitamos es a un grupo de personalidades de la intelectualidad, cultura, ciencia, política y defensa de los derechos humanos que intercedan en las acciones legales, sociales y políticas ante las distintas instancias gubernamentales para la presentación con vida de (dos de) nuestros compañeros y nada más”.
El EPR propuso el pasado jueves 24 de abril que el obispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor, el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el antropólogo Gilberto López y Rivas y la senadora Rosario Ibarra, integraran una comisión de intermediación con el Gobierno federal para abordar el tema de la desaparición de dos de sus dirigentes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
En respuesta, el pasado 29 de abril, el Gobierno del presidente Felipe Calderón propuso un diálogo amplio y directo que incluya también la solución pacífica de conflictos, donde las personalidades que el grupo armado propuso para integrar una comisión de mediación se desempeñen como “testigos sociales y con el objetivo de facilitar el mismo”.
El Gobierno indicó que para realizar ese diálogo directo, el “PDPR-EPR debe comprometerse públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia”.
En los textos difundidos ayer, dirigidos a los periodistas Carlos Ramírez y Ciro Gómez Leyva, el EPR analiza párrafo a párrafo algunas de sus colaboraciones noticiosas en las que han expuesto la posibilidad de que las negociaciones entre el grupo guerrillero y el Gobierno Federal estarían ya muy adelantadas, y que los militantes Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez estarían en realidad en poder de un tercer grupo subversivo.
El grupo armado niega estar en crisis organizativa o estar presionados por falta de recursos y rechaza haber hecho algún acuerdo con el Cisen o con otra instancia.
También niega cualquier relación con el Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, así como que la mexicana Lucía Morett, herida en el reciente ataque del Ejército colombiano a un campamento en Ecuador, fuera su contacto con las Fuerzas Arnadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que de paso defienden, asegurando que no son un grupo ligado al narcotráfico.
El grupo armado también desmiente que milicianos eperristas hubieran participado en el levantamiento social de la APPO, en Oaxaca, durante 2006.
Insisten, en cambio, en que sus dos militantes desaparecidos fueron detenidos por fuerzas oficiales y aseguran que las versiones periodísticas en cuestión provienen de información de inteligencia civil y militar con el afán de desprestigiarlos.
Rosa Lizbeth Caña Cadeza, ex procuradora de Justicia de Oaxaca, implicada en la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), acusó a Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación y a Eduardo Medina-Mora, Procurador General de la República, de involucrarla en el caso.
La funcionaria sostuvo que existen intereses políticos en torno a esta investigación que se sigue por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
“Este es un acto montado y perverso para tender una cortina de humo que tal vez busque distraer la atención”, dijo la actual Auditora Superior del Estado.
La funcionaria, que tiene una investigación de la SIEDO por la desaparición de los eperristas, aseguró que la filtración que se ha hecho de su contenido obedece a la necesidad que tiene el Gobierno federal para ganar credibilidad ante el EPR con miras a un posible diálogo entre ambos.
Cañas negó haber participado en la desaparición de los eperristas y en el secuestro de Jesús Díaz Parada, este último hermano de Pedro Díaz Parada, líder del Cártel del Itsmo.
