Lydia Cacho. (Archivo)
Un juez de Quintana Roo cerró el caso Lydia Cacho, después de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) turnó el expediente al Poder Judicial, el Juzgado Segundo de aquella entidad negó las órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y ex servidores públicos del estado de Puebla, acusados de tortura.
En su fallo, el juez Benjamín Navarrete argumentó que estaba impedido para girar las órdenes de aprehensión dado que el delito de tortura y las penalidades consecuentes solamente se pueden aplicar a funcionarios del estado de Quintana Roo.
“Queda inconcluso el primer elemento pues los agentes judiciales no son servidores públicos de Quintana Roo sino de Puebla”, expuso el juez.
El 16 de diciembre del 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida en Quintana Roo por agentes judiciales de Puebla, ocasión en la que denunció haber sido objeto de abusos por parte de los elementos policiacos.
La periodista fue detenida para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, presentado por el empresario Kamel Nacif, “El Rey de la Mezclilla”, quien fue señalado por Cacho como parte de una red de pornografía infantil.
El 30 de abril pasado, el subprocurador de la PGR Juan de Dios Castro Lozano informó que el caso ya se había turnado al Poder Judicial con la solicitud de girar órdenes de aprehensión contra diversos servidores públicos del estado de Puebla: la ex procuradora, un ministerio público estatal, un comandante y 4 agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación para la detención de Cacho.
En esa ocasión, Juan de Dio Castro Lozano indicó que sería el juez al que correspondería dictar o no las órdenes de aprehensión.
