El autodenominado Ejército Popular Revolucionario se deslindó, a través de un comunicado, del asesinato de un importante jefe policiaco de la ciudad de Oaxaca, el 30 de enero. (Archivo)
No somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales, señala el EPR en comunicado.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) negó estar vinculado con el narcotráfico y rechaza estar involucrado en el asesinato del mando policiaco de Oaxaca, Alejandro Barrita, al que sin embargo, ubica como uno de los represores responsables de la desaparición de dos de sus compañeros desaparecidos.
En un comunicado con fecha de ayer, el EPR no aborda el caso de la explosión en la colonia Roma, de la semana pasada, pero sí rechaza la reforma judicial que está debatiendo el Congreso de la Unión.
Pide de nueva cuenta la presentación de todos los desaparecidos políticos del país y asegura haber realizado una consulta “por sus propios medios” y “en el seno de diferentes sectores sociales” de la que habría obtenido cuatro grandes conclusiones:
Primera, la que llaman “alegría” entre la población por sus acciones de autodefensa (los atentados a instalaciones de Pemex, del año pasado), a las que, asegura, dará continuidad, pero sin dar mayor detalle en esta comunicación.
Segunda, haber detectado inconformidad entre miembros del Ejército Mexicano por tener que atacar a “hermanos mexicanos” y ser obligados a “defender intereses de oligarcas trasnacionales”.
Tercera, que hay sectores sociales “dispuestos a inmolarse heroica y radicalmente”, pero a los que pide primero “prepararse en las lecturas de las experiencias de nuestro lineamiento político”.
Cuarta, que hay “revolucionarios que han sido cooptados por Inteligencia militar mexicana y están haciendo un llamado a la unidad a toda costa”, lo cual, concluye el grupo armado, no es posible en el actual momento.
En su comunicado rechazan estar vinculados con grupos de narcotraficantes, “no somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales”.
Considera pueril que el Cisen haya solicitado al Gobierno del Distrito Federal protección ante un eventual ataque suyo, “porque tiene como trasfondo político la militarización también del Distrito Federal”.
Señala el grupo armado que el nombramiento de Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación, y su rechazo a dialogar con esta Fuerza Armada “confirman nuestro diagnóstico de que no habrá modificaciones en la política de Felipe Calderón antidemocrática y contraria al respeto de los derechos humanos”.
Al flamante Juan Camilo Mouriño Terrazo, preguntamos: ¿Cuándo va a informar sobre el paradero de todos los desaparecidos políticos del país? ¿Cuándo presentará vivos y en libertad a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a Francisco Paredes, a los hermanos Zamarripa, a Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, a Lauro Juárez, a la señora Dora Ávila Betancourt desaparecida desde el 7 de este mes? ¿Qué está haciendo (además de investigarnos e intentar infiltrarnos), para liberar a los más de 800 presos políticos existentes en el país?, señala el comunicado.
