“Para la libertad, sangro, lucho, pervivo”.
Miguel Hernández
No es un juicio para defender un privilegio, sino un intento por preservar una de las garantías fundamentales de los mexicanos: la libertad de expresión.
La demanda de amparo de 15 ciudadanos –como Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Luis Rubio, Ángeles Mastretta, Leo Zuckerman, Gerardo Estrada, Isabel Turrent y otros más, entre los que me encuentro yo— en contra de la nueva ley electoral no ofrece a los demandantes ventajas en lo personal: todos tienen ya acceso a los medios de comunicación.
El problema es que la nueva ley niega este acceso a la enorme mayoría de los mexicanos. Al prohibir la contratación de tiempos de radio y televisión para la expresión no sólo de apoyos o rechazos electorales sino incluso de ideas políticas, la legislación le está dando a los partidos y al Instituto Federal Electoral un virtual monopolio sobre la expresión de ideas políticas.
Independientemente de cuestiones de forma, como la manera en la que se aprobaron las enmiendas constitucionales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia tendrán que considerar un tema de fondo: ¿puede el Congreso de la Unión modificar la Constitución de forma tal que viole garantías fundamentales plasmadas en la propia carta magna?
El artículo sexto de la Constitución garantiza –o garantizaba antes de esta nueva legislación— el respeto a la libertad de expresión al determinar que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Pero el nuevo artículo 41 constitucional y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, precisamente, una serie de inquisiciones judiciales y administrativas a la expresión de las ideas.
A los ciudadanos comunes y corrientes, de hecho, se les ha prohibido contratar tiempos de radio y televisión para expresar cualquier idea política, aun cuando no busquen influir sobre las preferencias electorales o no lo hagan en tiempos de campaña. Al prohibir la crítica en anuncios políticos, por otra parte, la nueva ley hace más difícil que el ciudadano tenga información real sobre el carácter de los partidos y de los candidatos, los cuales, sin embargo, le siguen quitando impuestos para mantenerse.
Los ministros tendrán que decirnos qué ocurre cuando un artículo de la Constitución viola otro, como ocurre en este caso. Tendrán que aclararnos también si el hecho de que una iniciativa sea aprobada por voto de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y por la mayoría de los congresos estatales hace posible que se violen las garantías fundamentales que establece nuestra propia Constitución. Si la clase política decide mañana, por ejemplo, dejar sin derechos a los judíos o a los tarahumaras, ¿tendremos que “callar y obedecer” como nos exigía el rey español Carlos III?
Se nos dice que esta legislación era indispensable para evitar una nueva guerra sucia entre candidatos y partidos. Pero ¿por qué debe inquietarnos que algún político llame a otro “un peligro para México” o “chachalaca” o “pelele” o se autonombre “presidente legítimo”? Mucho peor es que se prohíba a los ciudadanos conocer el carácter real de los candidatos y partidos que compiten por su voto. La idea de que los mexicanos somos débiles mentales y no tenemos capacidad para distinguir entre la verdad y la mentira es sólo producto del desprecio en que los políticos nos tienen a los ciudadanos.
Argumentan los partidarios de la censura que la nueva ley prohíbe “abusos” como los anuncios políticos pagados en 2006 por el Consejo Coordinador Empresarial. Olvidan que esta institución contrató dos anuncios nada más, de relativamente poca difusión, y que sólo defendió ideas –como la necesidad de mantener políticas económicas sensatas— sin nombrar a algún candidato o partido en particular.
Pero aún si lo hubiera hecho, habría sido correcto. Todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestar ideas y a cuestionar a los políticos. La censura en radio y televisión sólo servirá para llevar las campañas sucias a otros medios, como el Internet, que ya es radio, televisión e impreso a un mismo tiempo. El juego de la censura nunca termina porque el censor siempre encontrará alguna nueva expresión que le disguste y que busque acallar.
La única barrera legal para protegernos de esta “nueva inquisición” —como llamó Luis de la Barreda al IFE actual— es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que los ministros encuentren los argumentos jurídicos, que los hay, para fallar en esta ocasión a favor de la libertad.
GUILLERMO ZAYAS
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha responsabilizado al comandante Guillermo Zayas, quien se encuentra hospitalizado por un problema diabético, de las muertes ocurridas en el operativo de la discoteca New’s Divine el viernes 20 de junio. Por lo pronto ha cambiado la acusación en su contra de homicidio imprudencial a homicidio doloso. Habrá que ver si realmente él dio la orden de bloquear la salida de los jóvenes de la discoteca cuando desde el interior se les empujaba para salir, ya que ésa fue la razón directa de las muertes. Por otra parte, habrá también que saber si ordenó el operativo con armas en un centro de diversión y si pidió que se detuviera a los jóvenes sin orden de aprehensión. Sería inmoral politizar el caso; sólo los responsables deben ser castigados.
