“La falta absoluta de pruebas sólo demuestra que la conspiración está funcionando”.
Anónimo
Andrés Manuel López Obrador continúa con su estrategia política. La idea es acusar repetidamente de corrupción al Gobierno de Felipe Calderón a fin de impedir una reforma energética. Ahora el argumento es que la empresa española Repsol se vio favorecida por un contrato de suministro de gas natural licuado de la Comisión Federal de Electricidad.
En distintas entrevistas en los medios –esos mismos que supuestamente le han tendido un “cerco informativo”, pero que le dan más espacios que a cualquier otro político— y en una conferencia de prensa, López Obrador ha sugerido que el Gobierno de Vicente Fox proporcionó información privilegiada a la firma española en 2005 para que ésta pudiera ganar una licitación de la Comisión Federal de Electricidad en septiembre de 2007, ya durante el Gobierno de Felipe Calderón, para suministrar gas a una planta en Manzanillo, Colima. Sólo Repsol presentó una oferta para ese contrato.
Según López Obrador, esta información privilegiada le permitirá a Repsol obtener una utilidad de 15 mil millones de dólares por una inversión de 6 mil millones. Acciones como éstas, afirma el ex candidato presidencial del PRD, están diseñadas para llevar a la quiebra a la CFE y para impulsar la “privatización” del sector energético mexicano.
Hay otra visión de los hechos, sin embargo, la cual surge de David Shields Campbell, de la Fundación Heberto Castillo Martínez A.C., quien participó como “testigo social” de esta transacción. El propósito de un testigo social, como lo señala el propio Shields, es ofrecer “una visión imparcial, con fuerza moral, que atestigua la transparencia y la honestidad de las partes involucradas en las licitaciones públicas”.
El testimonio de Shields, publicado en distintos periódicos este primero de abril, señala que, si bien “muchas compañías asistieron al proceso de licitación convocado por la CFE”, en el acto de presentación de propuestas del 4 de septiembre de 2007 se recibió una sola oferta, la de Repsol Comercializadora de Gas, S.A. En el acto del fallo, realizado el 18 de septiembre 2007, la CFE confirmó que dicha propuesta había resultado “solvente, técnica y económicamente”.
López Obrador, siempre inclinado a pensar en términos de conspiraciones, considera que el hecho de que se haya registrado una sola propuesta indica que hubo un acto de corrupción. Shields, un especialista reconocido por su integridad personal y su conocimiento de la industria de los hidrocarburos, ve en esto, en cambio, una señal de que “hay muy poca oferta adicional de GNL [gas natural licuado] disponible en el mercado internacional en la actualidad, situación que se confirma en medios especializados que analizan la industria global del GNL”.
La licitación tuvo una duración inusualmente prolongada, apunta Shields, debido “a la magnitud y complejidad del proyecto y [a] la necesidad de coordinar el suministro de GNL con el concurso paralelo que realiza [la] CFE para la construcción de una planta regasificadora en Manzanillo”. De febrero a julio de 2007, añade el especialista, “la licitación estuvo prácticamente detenida” debido a una reevaluación de alto nivel de la política energética nacional por parte del nuevo Gobierno de la República.
En la parte técnica, se certificó que la propuesta de Repsol considerara las reservas probadas suficientes de gas natural y la construcción de una terminal de licuefacción y de un gasoducto en Perú. Se confirmó, además, que la empresa contara con una flota adecuada de buques de transporte de metano para llevar a cabo el transporte del producto. Una vez definido lo anterior, la oferta económica resultó solvente y aceptable para la CFE, según el documento de la Fundación Heberto Castillo Martínez.
El informe señala que la CFE “tuvo, en todo momento, la disposición y la intención de fomentar la competencia”. Incluso se modificaron las bases, para escalonar los volúmenes y plazos de entrega de GNL, pero “todo indica que sólo una compañía” tuvo las reservas suficientes y disponibles para presentar una propuesta. El testigo social apunta que, a su juicio, la licitación se llevó a cabo “con agilidad, profesionalismo y apego a lo dispuesto en las bases de licitación”, así como con transparencia e integridad.
Pero todo esto importa poco ante un ataque político. López Obrador necesita demostrar que hay un complot que busca quebrar a las empresas de energía de nuestro país para facilitar su privatización. No es tan importante contar con pruebas que corroboren la acusación. Lo que vale es lanzarla de manera pública para generar sospechas.
Esta actitud no debe sorprendernos. López Obrador ha actuado de esta manera desde hace mucho tiempo. La verdad, muchas veces tan incómoda, no es necesaria para promover una carrera política en nuestro país.
EL FONDO NORUEGO
La soberanía no debe medirse bajo el criterio de si hay o no inversión privada en una industria petrolera sino de lo que se hace con el dinero que de ella surge. Los mexicanos hemos usado nuestros recursos petroleros en gasto corriente del Gobierno: esto es, en burocracia. Noruega ha construido un fondo de inversión que en febrero pasado valía 386 mil millones de dólares, equivalentes a 84 mil dólares por cada noruego. Con este dinero el Gobierno ha asegurado el futuro no sólo de los actuales habitantes del país sino de las generaciones futuras, aun si se acaba la riqueza petrolera. Eso es soberanía.
