Al día siguiente de las marchas que en el Distrito Federal y en decenas de ciudades de todo el país congregaron a cientos de miles de ciudadanos hartos de la inseguridad, y de la inacción gubernamental que la acrecienta, los organizadores de la multitudinaria reunión sabatina presentaron al presidente de la República y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México un documento con 25 propuestas. Ese es su modo tardío de adosarse al Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pues no fueron invitadas a la reunión del 21 de agosto en que se firmó tal documento.
Esperemos que la buena noticia de que la marcha del 30 de septiembre generara una respuesta institucional: el encuentro con los titulares del Ejecutivo federal y capitalino no se diluya en confusiones y malos entendidos que frustren el ánimo de quienes no quieren contentarse con haber caminado en son de protesta, sino saber y sentir que su voz no fue clamor pasajero sino medio de participación permanente.
Ese riesgo puede actualizarse respecto del Instituto ciudadano para la prevención social del delito y seguridad pública, cuya creación fue propuesta por Iluminemos (a) México en la primera de sus peticiones dirigidas a “los poderes de la Unión”, segundo capítulo de los tres de que consta su documento (otro se dirige “a los estados de la República y del Distrito Federal” (sic) y el tercero se denomina “corresponsabilidad”).
Ese punto propone, “para complementar las acciones del Observatorio ciudadano”, la creación del instituto mencionado “con personalidad jurídica y patrimonio propios, con atribución para exigir cuentas y proponer recomendaciones, un órgano de la sociedad y al servicio de ésta”. En el capítulo de “corresponsabilidad” del documento presentado el domingo, se agrega a la definición de ese instituto, que éste sea “autónomo, vinculatorio, con acceso a información y financiado con nuestros impuestos”.
No pareció que tal propuesta fuera aceptada específicamente por el presidente Calderón. No lo hizo al menos en el discurso con que informó a los medios de la reunión con los marchistas. Les expresó, sí, su “interés por la conformación no sólo de instancias ciudadanas a nivel nacional, sino que existan también instancias de vigilancia y exigencia ciudadana en cada estado de la República y en los municipios más importantes del país, de manera que estos comités ciudadanos o cualquiera otra que sea la figura que ellos quieran darle, sirvan precisamente para vigilar, denunciar y promover una cultura de participación y denuncia”.
Es fácil barruntar que esa propuesta, que el domingo fue dada a conocer al público, estaba ya en manos de autoridades. Así lo hizo saber el senador Santiago Creel, quien manejando el tema con soltura y familiaridad informó que está por definirse el status jurídico del Instituto, cuyos proponentes lo imaginan como órgano de autoridad, sufragado con recursos fiscales, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su creación, sin embargo, podría ser redundante, ya que si su principal cometido fuera la emisión de recomendaciones a las dependencias gubernamentales sobre hechos específicos que pongan en cuestión la eficacia de su combate a la delincuencia, me pregunto si no bastaría para ello instar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales respectivas a que activen esa función que sus normas les obligan a cumplir.
Tanto los proponentes como el senador Creel vincularon la creación del Instituto a la del Observatorio ciudadano, liga que quizá parte de una insuficiente comprensión de lo que significa tal Observatorio, si nos atenemos a la letra del Acuerdo nacional en que se anuncia su creación. Entre los compromisos del Ejecutivo federal en el documento del 21 de agosto se incluye el de “promover la creación de un Observatorio ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos”. Es decir, el Observatorio sería un órgano transitorio, pasajero, que tendría una duración limitada, no más de tres años, que es el plazo máximo para el cumplimiento de los compromisos. No se le define como el órgano que supervise el desempeño día a día de las autoridades, sino del modo en que realicen las reformas que mejoren ese desempeño, que tal es el propósito del Acuerdo. Hay que decir, sin embargo, que los autores del Acuerdo parecen estar también confundidos respecto de la tarea del Observatorio, pues otro de los compromisos del Ejecutivo se refiere a él cuando fija el plazo para su cumplimiento: “Crear indicadores de medición de desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas (2 meses a partir de la creación del Observatorio ciudadano).
Esa fórmula sugiere (así me lo parece al menos) que el Observatorio se ocupará de aplicar tales indicadores de medición, o sea que tendrá una misión permanente, no limitada al plazo en que vigile el cumplimiento de los compromisos. Si ese es el caso, carecería de sentido crear el Instituto. Y si este es el mecanismo escogido, habría que cancelar el Observatorio. Sería ridículo, y lamentable, que se institucionalicen dos modos distintos, y eventualmente hasta encontrados, de encauzar la participación ciudadana en la vigilancia a las autoridades. Y sería peor si esa redundancia obedeciera al clientelismo, al afán de satisfacer a tendencias diferentes de organizaciones ciudadanas que en mala hora no se concilian entre sí.
