Tan intolerable es la impunidad de la delincuencia como la ineficiencia de los gobernantes. Convenzámonos: la única forma de lograr correcciones de fondo es a través de la acción ciudadana organizada y permanente en torno a propuestas viables.
Es de humanos tener ocurrencias y es inevitable que en ellas se expresen fantasías o irracionalidades; la mayoría de ellas carece de consecuencias porque no trasciende al ámbito interno en que son pronunciadas. El juicio se modifica con quienes gobiernan; de ellos se esperan propuestas cimentadas en el trabajo de especialistas y enganchadas a una estrategia inserta en una visión de conjunto. En lugar de ello nuestros gobernantes compiten en el campeonato de ocurrencias.
Felipe Calderón se ha hecho adicto a propuestas improvisadas que van de los árboles al precio de los retrovirales. Algunas naufragaron en la vorágine de declaraciones; otras opiniones han servido para construir políticas. Es el caso con dos asuntos estrechamente relacionados: la guerra contra los narcos y la inseguridad pública.
En declaraciones a El País (15 de junio de 2008) Calderón reconoció la improvisación de su política contra el crimen organizado: “Cuando llegué a la Presidencia, su alcance [se refiere al crimen organizado] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta que estaba invadido por muchas partes y había que sanarlo a como diera lugar”. Y para curarlo lanzó al Ejército a las calles y declaró la guerra al narco que 20 meses después carece de una estrategia integral que articule el combate librado en frentes diversos.
La mejor demostración está en la absurda displicencia con la cual se ha combatido al consumo que es el venero alimentador de dinero, sicarios y base social a los cárteles. Pese a la centralidad de un fenómeno que invade al país, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) siguen siendo incapaces de concluir la Encuesta Nacional de Adicciones que debía haberse levantado y publicado en 2007. El retraso significa que la política en esa materia tiene como principal insumo la última encuesta levantada ¡en 2002! Ocurrencias.
Algo parecido sucede con la política federal contra la inseguridad pública. En los últimos días Felipe Calderón se ha unido a la ciudadanía y visita a deudos de ejecutados y entona el ¡ya basta! y propone cadenas perpetuas para los secuestradores. El indudable compromiso con los adjetivos se desmorona cuando se recuerda que Calderón ha sido incapaz de coordinar un Gabinete de seguridad desigual en su preparación. Para dirigir al estratégico y multimillonario Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón seleccionó a Roberto Campa Cifrián cuyo principal mérito consiste en ser otro protegido de Elba Esther Gordillo. En otras palabras, sometió nuestra seguridad al pago de deudas electorales.
Las otras fuerzas políticas tampoco se quedan atrás en el arte de la ocurrencia. La izquierda tiene once años gobernando la capital y en ella sigue imperando el desorden, la corrupción y la ineficacia de las policías. La profundidad de la infección salió a la luz con la tragedia de la discoteca y se reconfirmó con el secuestro y ejecución de Fernando Martí. El pasado lunes el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard anunció otra reestructuración del sistema de seguridad pública. Algunas medidas son sensatas, mientras que otras son ocurrencias elaboradas al vapor. Es el caso con el teléfono con el cual el procurador “seguirá estos casos [de secuestro] de manera personal” o con la creación de un ejército de 300 mil ciudadanos dispuestos a colaborar con las policías. Más ocurrencias que nacen desgastadas.
Podría continuar enumerando los acontecimientos en otras entidades o municipios o extenderme a otros ámbitos de la vida pública. El resultado es consistente de principio a fin: estamos indefensos frente a los depredadores públicos y privados que actúan con total impunidad. El líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps tiene un salario de once mil pesos al mes, pero posee yates y se burla de nosotros presumiéndonos un reloj de 18 mil dólares. Puede hacerlo porque cuenta con el apoyo del PRI y con la sumisa complicidad de Felipe Calderón. Quienes gobiernan se han rendido, en la práctica, ante los policías amafiados con jueces, burócratas y criminales. Lo suyo es la retórica y la ocurrencia.
En este diagnóstico coincidimos los analistas y ciudadanos de izquierda, derecha y centro. También estamos de acuerdo en la urgencia de una mayor participación ciudadana y en estos días el país hierve con ideas y propuestas. Por supuesto que apoyaré, una vez más, la marcha contra la inseguridad. Sin embargo, para que la indignación haga mella en la impunidad es necesaria una acción ciudadana permanente y articulada en torno a propuestas sensatas y viables.
Una que me parece particularmente atractiva es la consulta que está encabezando la CDHDF porque primero está convocando a los especialistas para armar las propuestas que después presentarán a organismos civiles interesados en el tema para luego solicitar la opinión de la sociedad. Sería deseable que en ese proceso contemplara, la CDHDF, la posibilidad de reunir las 40 mil firmas que harían vinculatoria esa consulta (el Distrito Federal es una de las 17 entidades donde sí existe una ley de participación ciudadana).
Pero ya habrá tiempo de discutir las diferentes iniciativas. Por ahora termino reiterando la urgencia de que combatamos ese hábito de nuestros gobernantes de acuñar ocurrencias en lugar de armar propuestas bien fundamentadas y viables. La mejor manera de hacerlo es que la ciudadanía responda con peticiones asentadas en la racionalidad y en el bien común.
LA MISCELÁNEA
La corrupción e ineficiencia de los policías y procuradurías capitalinas ha dañado vidas humanas. Una de las víctimas ha sido Sergio Dorantes, un fotógrafo acusado de haber asesinado a su esposa en un proceso cargado de irregularidades que merecieron una recomendación del Ombudsman capitalino que también consideró que los derechos de la víctima habían sido violados. Este asunto, cargado de embrollos, volverá a ser revisado bastante pronto porque Dorantes está dispuesto a ser extraditado de Estados Unidos para enfrentar, aquí, una reposición del juicio. En casos como éste veremos si va en serio la reforma prometida.
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