Debido al conflicto que sostienen dos grupos por el control de la Reserva de Jimulco, los recursos para la realización de proyectos siguen detenidos. (Archivo)
El conflicto en la Reserva Ecológica de la Sierra y Cañón de Jimulco ya cumplió seis meses. La comisión de Medio Ambiente y Ecología no ha dictaminado sobre la problemática y mientras tanto, los recursos para la administración del área protegida siguen detenidos.
El conflicto estalló en octubre del año pasado cuando fue removido Arturo Orona de la dirección de la reserva por la asociación civil Biodesert, lo que desencadenó una división entre los ejidatarios, ya que mientras un grupo apoyó a Orona y solicitó que Biodesert dejara de administrar los recursos de la reserva, el otro grupo apoyó a la asociación.
Ante esta situación, la reserva tiene dos directores: Rafael Carrillo, nombrado por Biodesert, y Arturo Orona. La asociación de ejidatarios de la reserva -los dueños de las tierras- también tiene dos presidentes: Cutberto Olguín, a quien reconoce Biodesert y Efrén Calderón, quien era suplente de Olguín desde hace dos años hasta que en asamblea en octubre, nueve de los 16 delegados acreditados decidieron removerlo.
Ambos cuentan con documentos que los avalan, sin embargo, uno de ellos apoya la administración de Biodesert y el otro la rechaza. Y es precisamente la asociación de ejidatarios quien debe avalar al director de la reserva, de acuerdo al convenio entre el Municipio y Biodesert.
Para Gerardo Jiménez, presidente consejero de Biodesert, se trata de un problema laboral interno que surgió por la remoción de Arturo Orona como director de la Reserva, que éste no aceptó y por lo cual, renunció a seguir colaborando con ellos, saliendo con él su hermano Alfonso. La justificación del retiro de Orona como director es que no cumplía con las funciones del puesto, sino que se dedicaba a “hacer grilla”.
Para Arturo Orona, se le quitó el cargo porque comenzó a denunciar irregularidades en el convenio que firmó Biodesert con el Ayuntamiento, como el que la asociación debía presentar un presupuesto de Egresos a la comisión de Ecología según la cláusula cuarta del convenio, cuya copia tiene El Siglo de Torreón, pero la comisión rechaza haber revisado cualquier asunto financiero de Jimulco.
La comisión de Medio Ambiente escuchó a principios de febrero comparecencias de los Orona, de los ejidatarios y de Biodesert, pero la comisión no tiene claro aún quién es el presidente legítimo de la asociación de ejidatarios y desde entonces, el problema está detenido. El miércoles, los regidores habían programado la realización de un recorrido por la reserva, guiados por Biodesert, para juzgar si este organismo debe o no continuar al frente de la administración de la misma, pero el viaje se canceló.
Isis Cepeda, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, dijo que hasta que inició el conflicto, Biodesert nunca había presentado un informe financiero a la comisión, aun cuando ello está contemplado en el convenio. Al respecto, Rodolfo Walss, secretario del Ayuntamiento, declaró que el Municipio no tiene problemas con la forma de desempeñarse de Biodesert en términos financieros.
La comisión tiene detenido el recurso por un millón 475 mil pesos correspondiente a la administración de la reserva debido a la problemática. Un millón de pesos eran destinados a sueldos de los investigadores, pero Cepeda explicó que no se permitirá la entrega de este recurso hasta que la situación se aclare y el conflicto se solucione.
Susana Estens, directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento, dijo que los regidores no les han hecho llegar ninguna observación respecto a por qué no se libera el recurso. Señaló que las funciones de la administración de la reserva son de apoyo técnico y gestoría, no de política y proyección de otro tipo.
“Biodesert ha respondido muy bien a estas funciones, nos urge que la comisión libere los recursos para que no se detengan los trabajos en la reserva ecológica”, comentó.
Por su parte, Isis Cepeda dijo que aun cuando los regidores aprobaran el trabajo de Biodesert, esta asociación civil tendrá que cambiar muchas cuestiones en lo que se refiere a transparencia. “Van a tener que tomar en cuenta la opinión de los ejidatarios, que son los dueños de la reserva, van a tener que reportarle a la comisión, van a tener que ser más abiertos y escuchar más a la gente”, explicó la regidora.
