Piden que se revisen los casos de los connacionales condenados a muerte en prisiones estadounidenses.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, ordenó a Estados Unidos que haga todo lo posible por detener la ejecución de cinco mexicanos presos en Texas hasta que se revisen sus casos.
El tribunal dio a conocer su fallo sobre las “medidas provisionales” solicitadas por México para evitar la ejecución de los connacionales condenados, entre ellos de José Ernesto Medellín, programada para el próximo 5 de agosto en el estado de Texas.
La Corte, según las conclusiones leídas por su presidenta, Rosalyn Higgins, dictaminó, por siete votos a favor y cinco en contra, que EU debe tomar “todas las medidas necesarias para asegurar (que los cinco mexicanos) no sean ejecutados, mientras siga pendiente el fallo” sobre la demanda interpretativa pedida por México.
Además, EU “deberá informar a la Corte de las medidas tomadas para aplicar esta orden”, añadió Higgins.
Durante las audiencias realizadas en junio, México alegó que Estados Unidos está desafiando una orden de la CIJ que data de 2004 para que revise los casos de 51 mexicanos sentenciados a muerte por tribunales estatales.
Esa orden se basó en la conclusión de la Corte de La Haya de que a los condenados se les negó el derecho de recibir ayuda de sus consulados tras su arresto.
El 19 y 20 de junio pasado, la delegación de México presentó ante la Corte sus argumentos en la demanda interpuesta contra Estados Unidos, al instar a la CIJ a ordenar “medidas provisionales” con carácter urgente dada la fecha de ejecución de Medellín.
La delegación estadounidense también presentó sus argumentos, al destacar que la CIJ carece de jurisdicción para volver a interpretar el “fallo Avena”.
El Gobierno de México pidió a la CIJ una interpretación sobre el fallo del llamado “Caso Avena” de 2004, que exhortó a Estados Unidos a “revisar y reconsiderar” las penas capitales de 51 mexicanos, cuyos derechos a la notificación consular no fueron respetados.
México recurrió el pasado 5 de junio a la CIJ luego que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que la doctrina sentada en el “fallo Avena” no es obligatoria para los tribunales de ese país y concluyó que el juicio de Medellín no debía ser revisado.
Ello permitió que se fijara la fecha para la ejecución de Medellín, un ciudadano mexicano sentenciado a la pena capital por el asesinato de dos jovencitas en Houston, Texas, en 1993.
Rechaza Texas orden de la CIJ
El estado de Texas (EU) ejecutará a cinco mexicanos que están en el corredor de la muerte, pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener la condena, dijo el portavoz del gobernador Rick Perry.
“Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero”, afirmó Robert Black, quien señaló que el estado de Texas no está obligado a cumplir el dictamen de la CIJ, que es el máximo tribunal de la ONU.
Ayer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a EU que “tome todas las medidas necesarias” para suspender de forma provisional la ejecución de los mexicanos.
La suspensión debe permitir que la CIJ tramite la petición de México de interpretar la llamada “sentencia Avena”, de 2004, en la que se impuso la revisión de las condenas a muerte en EU de medio centenar de mexicanos.
El portavoz del gobernador afirmó que ni siquiera la intervención de la Administración del presidente de EU, George W. Bush, para instar a Texas a parar las ejecuciones harían al estado cambiar de postura.
“El Tribunal Supremo ya ha dictaminado que Texas no está sujeto a tribunales extranjeros”, señaló Black.
En marzo, la máxima Corte de Estados Unidos determinó que Bush no tenía autoridad para ordenar a los estados que revisaran los casos de 51 mexicanos condenados a muerte, como había sentenciado la CIJ en 2004.
Tras la decisión del Tribunal Supremo, Texas puso fecha a la ejecución del primero de ellos, José Medellín, quien recibirá la pena capital el 5 de agosto por violar y estrangular a dos jóvenes en 1993, a menos que obtenga la clemencia de Perry.
Sin embargo, el gobernador no ha dado ningún perdón en los ocho años que lleva al frente del estado, según Rick Halperin, presidente de la Coalición de Texas para la Abolición de la Pena de Muerte, una Organización No Gubernamental.
