El líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, difícilmente será extraditado a México, ya que Canadá le concedió al dirigente una visa excepcional, por razones de humanidad. (El Universal)
El Gobierno canadiense otorgó al líder minero una visa que concede sólo en casos excepcionales y por razones ‘de humanidad’.
Napoleón Gómez Urrutia logró convencer a las autoridades de Canadá de que “es objeto de una persecución” por parte del Gobierno de México, por lo que ahora goza de una visa especial que le permite permanecer en esa nación hasta que se decida su situación legal, aseguró su abogado defensor.
El líder sindical minero reside en Canadá con una visa que se concede en caos “excepcionales” por “razones de humanidad”, y que le fue entregada por el Gobierno de ese país, sostuvo Marco Antonio del Toro, su abogado en México, quien consideró que difícilmente procedería la extradición de su cliente, ante la nueva orden de aprehensión que se giró el jueves pasado en su contra.
La Embajada de Canadá se negó a informar acerca del estatus migratorio con el que Gómez Urrutia permanece en ese país, pues argumentaron que la Ley de privacidad, impide proporcionar a las autoridades datos confidenciales en este sentido.
En una entrevista vía telefónica, el representante legal explicó que el documento migratorio –que se entrega en casos excepcionales–, fue otorgado a Gómez Urrutia y le permite residir en Vancouver desde hace más de dos años, ya que se logró acreditar en esa nación que el dirigente “es objeto de una persecución” por parte de autoridades mexicanas.
No obstante, del Toro no descartó que se formalice una petición de extradición contra su cliente, luego de que la juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Silvia Carrasco, ordenó la aprehensión contra Gómez Urrutia y otros dirigentes mineros acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, por un monto de 55 millones de dólares.
Ante esta acusación, que es la primera del orden federal que prospera contra el dirigente sindical y abre la puerta a una posible extradición, el abogado habló sobre el amparo que interpuso ante los tribunales mexicanos, en busca de la protección federal para Gómez Urrutia, ante un cargo que su defensa califica como de “poco sólido”.
Al respecto, del Toro indicó que el delito que se le imputa a su cliente es un absurdo y “no tiene ninguna solidez”, ya que junto a los sindicalistas Héctor Félix Estrella, Juan Linares Montufar, José Rocha Pérez y Gregorio Pérez Romo, presuntamente dispusieron de los 55 millones de dólares de un fideicomiso de los mineros y los transfirieron a otra cuenta.
El abogado detalló que este tipo penal de violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito que la PGR le imputa a Gómez Urrutia, se aplica sólo a funcionarios bancarios que disponen de los recursos de un cliente y los depositan a una cuenta personal, mientras que en el caso del líder gremial y coacusados no se acredita una operación de esta naturaleza, indicó del Toro.
Cuestionó que a pesar del delito del que se acusa ahora al líder sindical, vinculado a operaciones financieras, el mandato judicial no incluya a Alejandro de Anda y Felipe Alberto López, los ejecutivos del Scotiabank Inverlat que dispusieron el término del fideicomiso minero.
Buscan ratificar amparo
Un tribunal colegiado admitió un recurso legal que interpuso la defensa de Napoleón Gómez Urrutia, con el que buscará que magistrados federales ratifiquen el amparo obtenido en julio pasado, y que obliga a tres jueces penales a revalorar las órdenes de aprehensión por delitos como fraude específico, por un monto de 55 millones de dólares.
En la lista de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que el 29 de agosto pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, admitió el recurso de revisión 139/2008, interpuesto por Gómez Urrutia, que le permitirá a su defensa ofrecer pruebas para que magistrados determinen si es procedente ese amparo.
El 31 de julio pasado, el Juez Octavo en Materia de Amparo concedió la protección de la justicia federal al líder sindical; así, los tres juzgados (DF, San Luis Potosí y Sonora) que ordenaron la captura deberán evaluar otra vez las pruebas.
A partir de ese análisis, los jueces federales deberían emitir una nueva resolución, ya sea para librar otras órdenes de aprehensión o decretar libertad por falta de evidencias.
