El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pagó un millón de pesos, más 150 mil pesos de impuestos, a una empresa privada, para dar seguimiento al Poder Legislativo en México.
El contrato tiene pasajes reservados hasta por 12 años, como los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de Inteligencia”, así como datos personales, nombres de servidores públicos del Centro y la estructura del Cisen.
Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, SC, firmó el contrato CISEN/LIQ/024/07 por cinco meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, a razón de 200 mil pesos por mes, antes de IVA, para “consulta de la información sobre el Legislativo (sic) y su actualización continua en la herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana”.
El contrato fue entregado con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y mediante su aplicación el Cisen puede tener acceso a “reportes y cortes estratégicos de información; análisis de contenidos, y perfiles y mapas especializados de actores y temas desde la base”, explica la documentación.
La compañía creó el Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa (SAAPIL). Es un “sistema creado para condensar, sistematizar y convertir los datos desagregados surgidos del Congreso de la Unión en información agregada útil para la toma de decisiones”, precisa.
Sin embargo, la sección del documento entregado donde se establecen las declaraciones del contrato es prácticamente ilegible.
Laura Iraís Ballesteros Mancilla, directora general de Consultores en Diseño de Estrategias Políticas y Legislativas, fue candidata a diputada en 2006, pero perdió las elecciones y es cercana a Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal.
El contrato fue firmado por Ballesteros Mancilla y por el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, y dos funcionarios más cuyos nombres fueron clasificados en reserva.
A principios de noviembre de 2006, Ballesteros Mancilla creó la empresa y obtuvo un contrato para el entonces equipo de transición del relevo presidencial, que consistía en integrar un perfil de cada uno de los legisladores.
El dictamen sobre los estados financieros del fideicomiso para el equipo de transición, elaborado por el despacho Prieto, Ruiz de Velasco y Cía, no hace referencia alguna a dicha contratación, aunque según sus resultados no hubo irregularidad alguna en el manejo de 130 millones de pesos.
Repudian vigilancia
Los coordinadores parlamentarios Javier González Garza (PRD) y Dante Delgado (Convergencia) juzgaron criticable que el Cisen dé seguimiento a la tarea de los legisladores mediante una empresa privada.
“El señor Calderón contrató una empresa para investigar a todos los legisladores. Es absurdo. Justo son esas ideas… por eso estamos en contra de las propuestas que hacía de justicia… No tiene ningún sentido que se dediquen recursos públicos a ese tipo de cosas….”, sostuvo González Garza.
Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, consideró positiva la contratación de una empresa por parte del Cisen para dar seguimiento de las actividades del Congreso de la Unión.
En entrevista, Larios, quien aceptó no haber estado enterado del seguimiento por parte de esa empresa a las actividades de diputados, no vio nada malo en que el Gobierno Federal se interese en temas legislativos y que se contrate a una empresa para ello.
