La fracción panista del Ayuntamiento solicitó la intervención de un juez federal para tratar de que se declare ilegal el procedimiento con que se renovaron las Jefaturas de Cuartel en 48 comunidades rurales de este municipio.
El regidor Jaime Luna Puente informó que la demanda se basa en que el presidente municipal, Carlos Aguilera Andrade, cometió dolo y se excedió en sus funciones al designar a los nuevos jefes de cuartel, sin tomar en cuenta a la comisión de Gobernación ni al resto de quienes integran el Ayuntamiento.
En reunión con los medios de comunicación, los regidores del PAN señalaron que ayer mismo se presentó una demanda administrativa de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna con sede en Torreón, contra la autoridad que encabeza Aguilera Andrade.
Luna Puente refirió que a principios de este mes se efectuó el cambio de los encargados de dichas jefaturas, pero las 48 convocatorias para renovar a dichas autoridades auxiliares se dieron a conocer apenas un día antes y además, habían sido emitidas con fecha 28 de febrero.
En este sentido, se indicó que en ningún momento se dieron a conocer dichas convocatorias como tampoco se pidió la aprobación del Cabildo, el que a través de la comisión de Gobernación debió realizar un análisis del procedimiento previo a la elección, según establece el propio reglamento interno del Municipio.
Los panistas señalaron que Aguilera Andrade adoptó una actitud de cinismo, al asegurar que sí se había tenido la aprobación del Ayuntamiento cuando en realidad fue el único que hizo las reglas y estuvo a cargo del procedimiento, esto con la idea de nombrar a las personas que considera de su preferencia.
El regidor Jaime Luna señaló que además de violentar los derechos de quienes integran el Ayuntamiento, la autoridad municipal afectó los intereses de las personas que habitan esas comunidades rurales y estaban interesados en competir por la Jefatura de Cuartel, quienes en ningún momento fueron enterados de la convocatoria sino hasta el día de la supuesta elección.
Por otra parte, la queja generalizada en las comunidades proviene de quienes estaban a cargo de dichas Jefaturas, por el hecho de que no se hizo el procedimiento como debería efectuarse y por lo tanto, se generó confusión al momento de entregar el sello que avala su autorización para trámites y documentos a quienes ocuparían su lugar.
Los regidores del PAN destacaron que los propios pobladores de los ejidos están inconformes porque según han señalado, las personas que fueron colocadas en las autoridades auxiliares no son consideradas como las más idóneas, pues cuentan con antecedentes por malos manejos o conductas deshonestas.
Tras la presentación de la demanda, el juzgado federal cuenta con tres días hábiles para notificar a la parte acusada, y otros cinco para que ésta presente un informe justificado de los hechos que se reclaman.
Posteriormente, tendrá que citar a una audiencia constitucional a ambas partes.
