La crisis alimentaria por la que atraviesa el mundo y la recesión económica que enfrenta desde hace meses el país más poderoso del orbe deben preocupar y ocupar ya a los gobiernos federal, estatales y locales. Aunque para muchos, ambos problemas parecen lejanos y de poco impacto para México y La Laguna, lo cierto es que sus efectos se han comenzado a sentir en el día a día de los ciudadanos, sobre todo en el caso del primer fenómeno.
La escasez de alimentos y el encarecimiento de materias primas han desatado una escalada en los precios de productos básicos que ya resienten los bolsillos de las familias laguneras. La magnitud del golpe al presupuesto familiar se evidencia con la comparación entre el aumento del salario mínimo, que en este año es de 4 por ciento, y el incremento del costo de la canasta básica, que ha alcanzado entre 2007 y lo que va de 2008 hasta un 35 por ciento en La Laguna. Las proyecciones mundiales indican que el alza en los alimentos se mantendrá en los próximos meses.
El panorama resulta mucho más sombrío si se toma en cuenta la actual recesión por la que atraviesa la economía de los Estados Unidos, de la cual es tan dependiente nuestro país. Aunque el Gobierno del presidente Felipe Calderón insista en que México es lo suficientemente fuerte para hacer frente a los retos que plantee lo que suceda al Norte del río Bravo, el riesgo es latente y basta ver lo ocurrido durante los años 2001 y 2002, cuando la desaceleración económica norteamericana provocó en nuestro país y en la región el cierre de maquiladoras y el aumento de los índices de desempleo y ocupación informal.
Torreón ya de por sí enfrenta una situación difícil en materia de desempleo. Según las cifras de asegurados del primer trimestre de 2008, este Municipio es el único de Coahuila que registra un decremento en comparación con diciembre de 2007. Por otra parte, centrales obreras como la CTM advierten de la mala calidad del empleo existente en la región, el cual aseguran, es poco remunerado.
Esta realidad vigente y potencial obliga a los gobiernos de los distintos niveles a ponerse a trabajar conjuntamente en políticas públicas que ayuden a disminuir el impacto de los fenómenos globales que están afectando de alguna u otra manera a todos los países del planeta. De no hacerlo, ya sabemos cuáles son las consecuencias: más pobreza, más inseguridad, más informalidad y, en suma, mayor incertidumbre para la sociedad.
