Cierto día un vecino de Nasrudin acudió solicitándole en calidad de préstamo su asno.
––Lo siento, pero lo he prestado –dijo Nasrudin, en el mismo instante en el que el animal comenzaba a rebuznar en el traspatio.
––Pero si está aquí, lo estoy oyendo rebuznar –dijo el vecino.
––Bueno, ¿a quién le vas a creer, al burro o a mí?
Lo mismo nos sucede a los ciudadanos con las autoridades del Gobierno Federal y del DF, no hayamos a quién creerle, pues en una feria de protagonismos mediáticos, ambos se lanzan culpas recíprocas sobre el tema de la inseguridad pública y el secuestro.
Cada autoridad busca ser la primera en fijar fechas, escoger lugares, seleccionar invitados, convocar juntas. El “diálogo” entre los gobiernos federal y del DF en materia de seguridad pública, más que conducirnos –hasta el momento– a acuerdos sustantivos, nos ha llevado a observar una exaltada esgrima verbal, mientras los ciudadanos andamos con el “Jesús en la boca” y los secuestradores se destornillan de risa.
Los políticos olvidan que la vida se mide por resultados y este tipo de “diálogo” busca ganar espacios publicitarios, haciendo ver mal al rival y trasluciendo el deseo de no pactar, impidiendo la posibilidad de un trabajo institucional que se traduzca en resultados.
En una feria de protagonismos políticos, cada quien busca promover un acuerdo nacional, como la panacea a nuestros males de seguridad pública, trasparentando que no tienen idea clara de cómo responder con precisión ante el flagelo social del secuestro.
La inseguridad pública en México no es producto de la casualidad, sino de una estructura institucional inadecuada, que hemos sido incapaces de transformar, atender y reformar. Colombia en una década transformó plenamente su esquema de seguridad pública, debería servirnos como una historia de éxito, en lugar de inventar cada sexenio que el agua se calienta poniéndola en la lumbre.
Cuando preguntaron a Confucio: ¿por dónde inicia la reforma del Estado? Respondió: “Por el lenguaje, pues no se puede dialogar y llegar a acuerdos sin un respeto al sentido de las palabras”.
Nuestros políticos parecen ignorar que la esencia de la política son los acuerdos, sólo que si lo que buscan es recobrar la credibilidad ciudadana en las instituciones de seguridad pública, entonces éstos sólo servirán, en la medida en que fortalezcan instituciones, capaces de dar resultados en el tema de la seguridad pública.
Bien decía Mariano Otero: “La legislación criminal es el fundamento y la prueba de las instituciones sociales”. La seguridad pública es una de las funciones neurálgicas para la viabilidad del Estado, por mucho tiempo fue objeto de un tratamiento sensible a los acontecimientos políticos y, por consiguiente, peligrosamente descuidado; es tiempo de reformular una estrategia de seguridad pública, que parta de una amplia participación ciudadana, ante el riesgo inminente y cada vez más próximo de vernos desbordados.
El índice de secuestros que se ha incrementado en el país, hace necesario establecer una nueva relación: el derecho ciudadano de intervención, opinión y propuesta y el poder gubernamental de estricto apego al Estado De Derecho; este esquema de corresponsabilidad brinda la oportunidad a la sociedad –a través de la participación ciudadana– de exigir resultados y cambios jurídicos, que se traduzcan en coordinación interinstitucional, de eficientar la seguridad pública y la procuración de justicia.
En pleno siglo XXI sabemos que es imposible que las autoridades se enfrenten de manera aislada a la delincuencia, por eso se hace necesario democratizar las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, promoviendo una amplia participación ciudadana que vigorice las instituciones nacionales; porque mientras éstas no fortalezcan la credibilidad y confianza ciudadana, continuará su deterioro institucional.
En física, cuando dos cuerpos van en la misma dirección, su fuerza se potencializa, igual acontece con la participación ciudadana, su presencia es fundamental para fortalecer la seguridad pública.
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