Los partidos políticos acudieron ahora al Tribunal Electoral para evitar las multas que el IFE les impuso por un monto global de 78 millones 422 mil 292 pesos. (Archivo)
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió 46 quejas en torno a multas que el Instituto Federal Electoral (IFE) impuso a distintos partidos políticos.
De acuerdo con la relación de turno de expedientes publicada ayer por el TEPJF, en las últimas horas llegaron las quejas, donde predominan las de los partidos que integraron en 2006 la coalición Por el Bien de Todos.
Además hay un importante número de inconformidades presentadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y apenas algunas del Partido Acción Nacional (PAN).
Los expedientes se refieren a sendos acuerdos tomados por el Consejo General del IFE, en su sesión del 23 de mayo pasado, cuando decidió aplicar una serie de multas por un monto global de 78 millones 422 mil 292 pesos.
Incluso, en algunos casos, el mismo documento ha sido recurrido por cada uno de los tres partidos que integraron dicha coalición en las elecciones de 2006, que son el de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
Durante la sesión del 23 de mayo pasado, el IFE decidió aplicar diversas multas al desahogar 154 quejas que presentaron los partidos por actos anticipados de campaña, violación al acuerdo de neutralidad, propaganda negativa y otras irregularidades.
En esa ocasión, el instituto declaró 103 quejas infundadas; siete parcialmente fundadas; 36 fundadas, y desechó las restantes ocho, pero no dejó de aplicar multas a las coaliciones Por el Bien de Todos y Alianza por México.
También multó a los partidos Acción Nacional y Alternativa Socialdemócrata. A la coalición por el Bien de Todos le aplicó una multa de 36 millones 899 mil 138 pesos; a la Alianza por México la multó con cuatro millones 780 mil 400 pesos, y al Partido Acción Nacional, con 36 millones 532 mil 394 pesos.
Inconformes con dichas multas, los partidos políticos acudieron ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se reviertan los castigos económicos, al considerar que son injustos.
