'Pasta de Conchos es un caso cerrado'

El titular de la Secretaría del Trabajo señala que lo único que queda del caso es reponer la indemnización a 53 familias de los caídos, bajo un salario de 300 pesos diarios.

La tragedia de la mina de carbón Pasta de Conchos es caso cerrado para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Javier Lozano Alarcón, titular de esta dependencia, declaró en entrevista con AEE, que la mina se encuentra cerrada, no puede volverse y abrir y los cadáveres de los mineros no se pueden sacar.

¿Es un caso cerrado para ustedes?, se le preguntó durante el encuentro en sus oficinas de la Ciudad de México.

“Digo, francamente para nosotros lo es; para nosotros lo es. Pero claro para algunos activistas y algunos otros que les gusta seguir moviendo estas aguas generándoles esperanzas a la gente de manera indebida, que me parece perverso y ruin, pero bueno, allá ellos y sus conciencias”, enfatizó.

Lozano indicó que lo único que queda del caso es reponer la indemnización a 53 familias de los caídos bajo un salario de 300 pesos diarios como estaban registrados los trabajadores. Mientras que una empresa contratista, indicó, quería indemnizar a las familias bajo un salario diario de 115 pesos. Este asunto se lleva actualmente en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo de forma gratuita para los deudos de las víctimas.

El funcionario federal reiteró que no hay condiciones para la reapertura de la mina.

“Está cerrada la mina. No hay ningún tipo de actividad. No estamos dispuestos nosotros a arriesgar una sola vida humana para rescatar cadáveres. La relación laboral que existía se liquidó.

“Ya no es tema realmente de la Secretaría del Trabajo. Es un tema de Protección Civil: No acercarse a ese lugar por la concentración de gas, por el agua que se haya acomodado, por la fragilidad del terreno, por el riesgo de derrumbes”, señaló.

El ‘castigo’

En lo que se refiere a los castigos de los responsables, el exdelegado de la STPS en Coahuila, Pedro Camarillo Adame y cinco funcionarios más de esta dependencia, fueron inhabilitados, subrayó.

Mientras que los directivos y trabajadores de la empresa fueron absueltos de cualquier responsabilidad tras haber pagado una indemnización, aclaró.

“Lo que pasa es que la legislación de Coahuila es muy particular por decirlo suave. En el país es la única que se hace una reparación del daño económicamente y se sobresee la causa penal.

“Eso fue lo que pasó. Se sobreseyó la causa penal para todos los directivos y para todos los empleados de la empresa. Pagaron lo que dice el Código Penal. Fue una reparación del daño civil y se sobresee la causa penal”, precisó.

¿En qué estado está el caso de Pasta de Conchos?

Hace un año que se emitió el dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que contrató esta Secretaría con el propósito de que fuera ese foro de especialistas, técnicos, expertos y científicos en la materia quien nos dijera si había condiciones en la mina para ingresar, hacer trabajos de exploración y de búsqueda y poder eventualmente rescatar los cuerpos que tenemos sepultados. Las conclusiones fueron realmente tajantes de ese foro diciendo que las condiciones actúales no permiten ningún tipo de actividad ni ingreso a esa mina porque es altamente explosivo; porque se presumen que hay inundaciones, hay derrumbes, concentraciones excesivas de gas metano y que la fragilidad que pueda haber es mayúscula y puede provocarse derrumbes. No hay relaciones laborales porque desde poco después de que vino la explosión, cerraron la mina. Liquidaron a los trabajadores que quedaban. Se han pagado las indemnizaciones correspondientes. Estamos en litigio contra la empresa (minera) a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) porque ellos se oponen a pagar una cantidad adicional que estamos reclamando para los deudos de las víctimas. Lo que ocurre es que en las indemnizaciones, como había una empresa contratista, esa empresa estaba cotizando a razón de 115 pesos por día por trabajador, cuando en realidad les estaban pagando 300 pesos diarios; ésa es la cotización que aparece en el Seguro Social; la oficial; había una simulación clara en todo esto. Estamos buscando, la Junta Federal reconoció también un salario de 300 pesos diarios, para que la indemnización sea en ese tenor. Y luego la Ley Federal del Trabajo establece que por causas imputables al patrón se puede reclamar un 25% adicional. Todo eso lo dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de 53 de los 65 casos que son los que lleva la Profedet. Por eso cuando dicen que las viudas y familiares están enojados con la Secretaria, yo les puedo decir que llevamos ganados 53 de los 65 casos. Todos ganados. Y todos se manejan de manera gratuita la Profedet, no como los otros casos que llevan los abogados particulares y quién sabe qué le saquen y qué engaños manejen con las viudas. Con toda esa determinación de la Junta se ampararon las empresas; lo cual me parece realmente mezquino. Entonces estamos litigando que no se les vaya a conceder el amparo a la empresa para que les pague completo lo que estamos pidiendo. Pero fuera de eso ya llegamos a la conclusión tanto Secretaría de Gobernación y Secretaría de Economía que no hay condiciones para hacer condiciones de trabajo en esa mina. Esa mina está colapsada. Está cerrada. Y no es aconsejable ni por Protección Civil ni por la explotación comercial ni mucho menos por la relación laboral, cualesquiera que esta fuera, que alguien ingrese a esa mina y trate de hacer un rescate. Y ofrecerlo, auspiciarlo, alentarlo y exigirlo, es irresponsable.

¿Está cerrada la mina?

Está cerrada la mina. No hay ningún tipo de actividad. No estamos dispuestos nosotros a arriesgar una sola vida humana para rescatar cadáveres. La relación laboral que existía se liquidó.

¿No se volverá a abrir entonces?

No, no, no. Ya no es tema realmente de la Secretaría del Trabajo. Es un tema de Protección Civil: no acercarse a ese lugar por la concentración de gas, por el agua que se haya acomodado, por la fragilidad del terreno, por el riesgo de derrumbes.

¿Y los castigos, por ejemplo al delegado de la STPS en Coahuila?

Ya se inhabilitó al delegado y a cinco funcionarios más de la delegación de Coahuila; se siguieron procedimientos penales en contra de directivos de la empresa.

¿Y están en curso esas demandas?

No. No están en curso. Lo que pasa es que la legislación de Coahuila es muy particular por decirlo suave. En el país es la única que se hace una reparación del daño económicamente y se sobresee la causa penal. Eso fue lo que pasó. Se sobreseyó la causa penal para todos los directivos y para todos los empleados de la empresa. Pagaron lo que dice el Código Penal. Fue una reparación del daño civil y se sobresee la causa penal.

¿Es un caso cerrado para ustedes entonces?

Pues sí. Digo, francamente para nosotros lo es; para nosotros lo es. Pero claro, para algunos activistas y algunos otros que les gusta seguir moviendo estas aguas generándoles esperanzas a la gente de manera indebida, que me parece perverso y ruin, pero bueno, allá ellos y sus conciencias.

¿Y las condiciones de los mineros sí han cambiado?

Sí claro. Y afortunadamente han adoptado el compromiso de la Cámara Minera del país. Se han adherido al programa de autogestión para la seguridad en el trabajo que tiene la Secretaría del Trabajo, con lo cual la meta que se tiene es que todas las empresas que se adhieran a este programa tendrán que terminar con un 40% por debajo del promedio nacional en temas de riesgos y accidentes de trabajo. Sí ha habido un enorme avance en todas las minas del país; claro, no estamos exentos de riesgos y de que haya accidentes. En el mundo la actividad más peligrosa es ésta de las minas de carbón; ve los accidentes que hay en Rusia, Estados Unidos, Ukrania, son fatales. Por primera vez también la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, que sesiona en la Secretaría del Trabajo, llevamos ocho sesiones en lo que va de esta Administración. Ocho sesiones de esta Comisión. Estamos representantes de los patrones, de los trabajadores y del Gobierno.

¿Saben cuánto sesionaron en la Administración del presidente Vicente Fox?, una vez en seis años. Nosotros llevamos ocho en 18 meses. Le hemos dado mucha importancia y de ahí derivó una nueva Norma Oficial Mexicana para minas de carbón.