En la nueva ley de Pemex, que entró en vigor el sábado pasado, el sindicato petrolero mantuvo el singular privilegio de contar con representantes en el consejo de administración. En el contrato colectivo de trabajo, por otra parte, y mediante usos y costumbres, se expresan muchas otras prebendas (diferentes de las legítimas prestaciones derivadas de una relación laboral) entre las cuales se incluye el combate a toda expresión de la base trabajadora que cuestione a la dirección gremial, encarnada desde hace tres lustros por Carlos Romero Deschamps. En tal sentido, el pacto no escrito entre la cúpula sindical y la dirección de Pemex incluye aplacar todo intento de rebeldía y, en el extremo, impedir que prospere la tentativa actualmente en curso por crear un sindicato de trabajadores de confianza.
De hecho, ese propósito se logró ya. En marzo pasado, centenares de empleados de Pemex integraron la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que el 29 de abril solicitó registro ante la autoridad laboral, para cumplir el aberrante criterio establecido por la ley según el cual los sindicatos existen no por la voluntad de los trabajadores sino de la burocracia que, en el mejor de los casos, procede con exasperante lentitud. Siete meses después de iniciado el procedimiento respectivo, y no obstante que los solicitantes han satisfecho los requerimientos de la autoridad registral, ésta no ha expedido la patente respectiva, y tampoco la ha negado, en cuyo caso la exigencia de los sindicalistas podría encauzarse por la vía judicial.
Varias veces antes los ingenieros, economistas, administradores, médicos, abogados, contadores, etcétera que prestan sus servicios a Pemex han procurado organizarse para gestionar los intereses específicos de su categoría laboral. La primera vez que pretendieron hacerlo, en los años setenta, se les forzó a modificar su propósito inicial: en vez de constituir un sindicato autónomo, se les encuadró en una sección especial del STPRM, sujeta a los controles de una dirección corrupta. Tras el golpe de Carlos Salinas a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, la recomposición de fuerzas a que ello dio lugar implicó suprimir dicha sección. Por ello, el afán organizativo de ese sector laboral petrolero se reanimó en diversas oportunidades. En todas ellas, la dirección de Pemex desplegó recursos de mala ley para inhibir y castigar a los promotores de la organización. En 2004, el más acabado intento de organización fue cancelado cuando sus dirigentes aceptaron una conveniente jubilación anticipada que los dejó bien situados ante su futuro individual.
Esta vez la empresa ha acudido a procedimientos más groseros, si cabe, que en el pasado. Aprovechando la parsimonia con que la Secretaría del Trabajo ventila la solicitud de registro sindical (pachorra que cabe suponer convenida con el empleador), la administración petrolera practica varias tácticas disuasivas: ha convencido a algunos miembros de la Unión a que desistan de su pertenencia a ella, mediante la presentación de cartas de renuncia que incluyen la expresión de juicios adversos al intento de organización, como si se tratara de una maniobra de mala fe destinada a dañar a la industria petrolera. A no pocos de quienes persisten en su empeño de agruparse, se les reubica en lugares donde no puedan ejercer influencia sobre sus compañeros o francamente se les despide previo desalojo de su puesto de trabajo y prohibición de ingreso al mismo, cumplida por la fuerza.
El criterio que rige esas acciones fue expresado al secretario general de la Unión, ingeniero Didier Marquina, por el subdirector corporativo de recursos humanos, Marco Antonio Murillo Soberanis. Según comunicó el dirigente sindical al director de la empresa, Jesús Reyes Heroles González Garza –en una de varias cartas que no han merecido siquiera acuse de recibo—el 21 de agosto aquel funcionario, “en un ambiente hostil y agresivo”, acusó a los miembros de la Unión “de ser desleales a Petróleos Mexicanos, de buscar dañar a nuestra empresa y de incurrir en soberbia por atrevernos a solicitar una audiencia con usted”, lo que en efecto había hecho en mayo el propio Marquina, quien refiere al director de la empresa que Murillo Soberanis “descalificó nuestro derecho de asociación…(y) nos presionó para que retiremos la solicitud de registro que el 29 de abril de 2008, conforme a derecho, hicimos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y para que, a la brevedad y de manera verbal, hiciéramos de su conocimiento tal desistimiento, con la amenaza directa de que pensara en mi futuro y el de mis hijos.
Dijo Marquina Cárdenas en agosto a Reyes Heroles que les “preocupa e indigna que directivos de nuestra empresa se tomen la atribución de conminarnos a que dejemos de ejercer un derecho humano y constitucional”, y solicitó al director “su urgente intervención para detener este tipo de actitudes y acciones”, ya que está convencido “de que una acción tan sórdida como la planteada por el licenciado Murillo no es la política que se merecen Petróleos Mexicanos y sus trabajadores…”.
La reiterada solicitud de audiencia no fue respondida nunca. En cambio, como muchos otros de sus compañeros, Marquina mismo fue echado de su centro de trabajo el 14 de noviembre. A las 14.15 de ese día miembros de los Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, armados, lo obligaron a salir del Complejo petroquímico Cangrejeras. Usted sabe la causa, dijeron a Marquina.
