Legisladores advierten que hay un alto riesgo de que las empresas que operan del lado estadounidense en la zona Plegado Perdido se lleven en petróleo, porque hay altas probabilidades de que se presente el “efecto popote”. (Archivo)
Petróleos Mexicanos afirmó que corresponderá a la Secretaría de Energía, y no a la paraestatal, delinear los aspectos de una posible reforma energética.
“Pemex es sólo la empresa operadora”, argumentó, “lo que resulta evidente es que cualquier planteamiento debe tener como premisa básica el fortalecimiento de Pemex, que permita garantizar la seguridad energética del país”.
Al responder a un cuestionario sobre su situación antes de una reforma al sector, Pemex admitió que desde 1979 no ha aumentado su capacidad de producción de gasolinas, por lo que actualmente la demanda es superior a la oferta de combustibles.
La paraestatal aseguró que se alcanzaron niveles récord de producción de crudo en años recientes, pero en exploración hubo restricciones presupuestales que han impedido aumentar las reservas probadas del país.
Sin embargo, Manuel Bartlett, ex senador priista, consideró que Pemex ha tenido recursos suficientes que no han sido bien administrados por los gobiernos del PAN, ya que han contado con excedentes petroleros suficientes como para construir hasta dos refinerías, tomando en cuenta los altos precios del petróleo.
Francisco Labastida adelantó que el PRI no aprobará ningún cambio a la Constitución en una eventual reforma del sector energético, pero no descartó esquemas de coinversión como los que operan en otros países como Brasil.
Por su parte, Francisco Rojas, ex director de Pemex, señala: “La Iniciativa Privada ya participa en forma importante en prácticamente todas las actividades que realiza el organismo, y puede y debe seguir haciéndolo conforme a la legislación vigente”.
Descartan en Senado cambiar el artículo 27 por reforma energética
En la Comisión de Energía del Senado se ha descartado el consenso para modificar el artículo 27 de la Constitución en materia energética; la mayoría de sus integrantes se oponen a una reforma que pudiera abrir cualquier resquicio camino a la privatización de la industria petrolera.
Sin embargo, esa misma mayoría aceptaría revisar la posibilidad de ajustar la ley reglamentaria de dicho artículo, con el fin de considerar la participación regulada y acotada de particulares, como se ha hecho en el pasado.
También hay coincidencia que en este esfuerzo para modernizar la industria petrolera, no se puede quedar a un lado el sindicato. Los legisladores han empezado a buscar acercamientos con la dirigencia de los trabajadores, para garantizarle que no se atentaría contra sus derechos y enfatizarle que hace falta estudiar criterios en el contrato laboral, en beneficio de la capacitación, eficiencia, productividad y modernización de la empresa.
Rubén Camarillo Ortega, representante del Partido Acción Nacional en la comisión, ha argumentado que el general Lázaro Cárdenas, en 1940, firmó una ley reglamentaria que aceptaba otorgar concesiones para la construcción de refinerías y de oleoductos y para la distribución de gas, por un plazo no mayor de 50 años, pero sólo a mexicanos y con la condición de que al finalizar ese tiempo, las instalaciones pasaran a ser propiedad del gobierno, sin compensación alguna.
Hasta ahora la bancada del Partido Revolucionario Institucional no ha terminado por definir su posición. Sin embargo, tendría que ajustarse a lo que establece la declaración de principios del propio instituto político en materia energética, que se pronuncia en contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos, aunque reconoce que es necesario revisar y transparentar las formas y los medios a través de los cuales se administra.
Además, apoya todo lo necesario para que se garantice la fortaleza financiera y operativa de las instituciones responsables de su explotación y administración.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que en la comisión están representado por el senador Graco Ramírez, se mantendría en las negociaciones con una posición que no está dispuesta a permitir la inversión privada en Pemex.
Según los perredistas, el país cuenta con recursos, derivados de la venta de petróleo, para el rescate de la industria, sin necesidad de abrirle la puerta al capital privado nacional o extranjero.
El senador Ramírez ha elaborado un estudio que hace estimaciones de lo que costaría la construcción de refinerías para garantizar el abasto de combustibles en el país y lo que México obtendría por la venta de petróleo, sobre todo los ingresos adicionales por el aumento del precio del crudo en el mercado.
De acuerdo con el legislador, nada más por recursos adicionales por la venta de petróleo, se obtendrían en este año 20 mil millones de dólares que alcanzarían para construir cuatro refinerías.
Argumenta que no es cierto que México se tenga que asociar a capital extranjero para explorar aguas profundas en el mar y señala que la tecnología de punta existe en el mercado y se puede contratar o rentar.
