“Pero si sucede una desgracia, tendrás que dar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie”.
Éxodo 21:23-24
Humberto Moreira, el gobernador del estado de Coahuila, ha entendido la frustración de los mexicanos ante el crimen y la violencia y ha impulsado una iniciativa de ley que castigaría con pena de muerte el secuestro con homicidio. Moreira debe estar consciente de que las posibilidades de que la iniciativa prospere a nivel federal son casi nulas, pero eso poco importa: lo que busca es dar un golpe político y colocarse como cabeza visible de un esfuerzo por legalizar una sanción que apoya la enorme mayoría de los mexicanos.
La iniciativa de ley aprobada por el Congreso de Coahuila no es suficiente para empezar a aplicar la pena de muerte en esa entidad, ya que la Constitución federal prohíbe la muerte como castigo. Por eso los legisladores coahuilenses han hecho un exhorto al Congreso de la Unión para que enmiende la carta magna federal y se permita a los estados legislar sobre este tema.
No hay ninguna indicación de que los legisladores federales vayan a aceptar esta petición de los diputados del PRI y del Partido Verde de Coahuila, pero lo que busca el profesor Moreira es simplemente que se le reconozca en el país como un político que realmente se preocupa por los derechos de las víctimas. Para la enorme mayoría de los mexicanos esto se mide con el apoyo a un castigo que la clase política en su conjunto rechaza.
Moreira no es el único político que ha encontrado una veta de popularidad en la pena de muerte. El Partido Verde ha venido haciendo una campaña para promover la aplicación de este castigo. Sus dirigentes han entendido también que el sentir del pueblo mexicano en este tema difiere radicalmente del de la clase política e intelectual.
La información disponible sugiere que la pena de muerte no es un disuasivo para la comisión de homicidios o de otros crímenes violentos. El único país desarrollado del mundo que mantiene la pena de muerte, Estados Unidos, es también el que mayor número de homicidios registra. Si bien el gobernador Moreira afirma que los estados de la Unión Americana que tienen la pena de muerte registran un menor número de homicidios, la información que yo conozco señala lo contrario. Según el Death Penalty Information Center, los homicidios en estados con pena de muerte son ligeramente mayores a los que no tienen este castigo.
El argumento de la ineficacia de la pena de muerte como disuasivo, sin embargo, sólo persuade a quienes tienen un concepto utilitario del castigo. Otra visión filosófica le da poca importancia a la capacidad de disuasión de las penas. Desde este punto de vista lo relevante es que el castigo sea una retribución por el mal causado. Por ello la sanción debe ser equivalente al daño. Esta idea es tan vieja como la humanidad y se refleja en textos tan antiguos como el código de Hammurabi o el Éxodo de la Biblia.
Yo no encuentro que la pena de muerte pueda ser un instrumento para aliviar el problema del crimen violento en la sociedad mexicana. Mientras el 98 por ciento de los delitos queden sin castigo, da igual si el castigo es la muerte o un paseo por el Metro de la Ciudad de México a la hora de mayor congestionamiento.
Sí considero, empero, que hay crímenes tan crueles que merecen la pena capital. Cuando se conoce la saña con la que el mexicano Joe Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y asesinaron a dos niñas adolescentes en Houston, Texas, en 1993 es difícil no aceptar que la pena de muerte fue un castigo justo.
El gran problema en México es la incierta aplicación de la ley. Son tantos los casos de inocentes castigados por crímenes que no cometieron, que tiembla uno de pensar en un Estado que, en vez de encarcelar, mate a los presuntos responsables de delitos graves. El consabido “usted disculpe” de nuestros jueces se convertiría en una broma cruel cuando se aplicara a un ejecutado.
No rechazo, pues, la posibilidad de aplicar la pena de muerte en ciertos casos. Pero en estos momentos vale más la pena luchar por reducir la obscena tasa de impunidad que por tratar de revivir una pena muerte que, de hecho, no se había aplicado en décadas.
La popularidad de la pena de muerte es una reacción a los altos índices de delincuencia y a la crueldad con la que se están cometiendo algunos crímenes, especialmente el secuestro, que cada vez más lleva a la tortura, mutilación y asesinato de las víctimas. Si realmente queremos disminuir estos crímenes, la mejor manera de hacerlo es reducir la impunidad y castigar a los perpetradores. Poco importa si se les mata o se les deja en la cárcel toda la vida.
NUEVO RESCATE
General Motors (GM), Ford y Chrysler están pidiendo 34 mil millones de dólares en préstamos del Gobierno de Estados Unidos para sobrevivir. Pese a la resistencia de George W. Bush, cuentan con el invaluable apoyo del presidente electo, Barack Obama. En noviembre sus ventas cayeron 40 por ciento frente al año anterior. Su quiebra generaría una cadena de quebrantos adicionales entre sus proveedores y produciría un enorme desempleo. Pero es injusto que el Gobierno rescate algunas empresas sólo por ser grandes. El respaldo sería también injusto para firmas japonesas como Toyota y Nissan que han establecido plantas más eficientes en Estados Unidos y que no recibirían ayuda.
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