En el pueblo había un médico medio loco, cierto día llegó con él el Pomponio, quejándose de un fuerte dolor de cabeza que ninguna medicina le había podido quitar; el médico, pasándolo a su consultorio puso la mano del enfermo en el escritorio para inmediatamente darle un fuerte martillazo en uno de los dedos.
––Ayy –gritó el Pomponio.
––¿Te duele la cabeza?
––No, ahora me duele la mano.
Inmediatamente, con un tolete le dio un fuerte golpe en la espinilla, el Pomponio, lleno de dolor, tomó con ambas manos su espinilla.
––¿Te duele la mano?
––No, ahora me duele la espinilla.
Inmediatamente le soltó un patín en “salva sea la parte”; el médico loco quitaba un dolor con otro dolor.
Sucede lo mismo con los problemas de seguridad pública, queremos “remediar un crimen cometiendo otro”, es decir, buscando reimplantar en nuestro sistema jurídico la pena de muerte. Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, tuvo la habilidad de quitarle la agenda al Verde Ecologista, por la creciente inseguridad y falta de resultados en la lucha contra el secuestro, reactivando en el foro nacional el tema de la pena de muerte, ante una sociedad atrapada por la inseguridad, el secuestro, la impunidad, y cansada porque las cúpulas políticas discutan entre ellos los temas sustantivos olvidándose de consultar a sus representados.
En diciembre de 2005, México proscribió de su sistema constitucional la pena de muerte; quienes la aprobaron, en una muestra de que somos un país de paradojas, ahora se manifiestan a favor de que se reestablezca. Como toda institución jurídica, la pena capital tiene dos vertientes confrontadas: por un lado están aquellos que mediante ella buscan frenar el alto índice delincuencial, argumentando como dice José Sosa “que para los delincuentes ninguna vida tiene valor salvo la propia, y están seguros de que será resguardada por un sistema de seguridad pública, procuración y administración de justicia corrupto. Para ellos la pena de muerte no es un ajuste de cuentas, sino evitar que quien haya secuestrado y asesinado lo vuelva a hacer”.
Por otra parte, están aquellos que argumentan que en la mayor parte de los países la pena de muerte está siendo derogada porque es un método de venganza pública, fundamentado en la concepción axiológica universal del derecho a la vida y del reconocimiento de que su instauración manifiesta el fracaso de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia. Son enemigos de “la violencia institucionalizada” porque carece de efectos disuasivos y no impacta en la disminución del índice de delitos; éstos consideran la pena de muerte como un instrumento de represión del Estado.
No hay que atacar la criminalidad con la pena capital, sino con el combate a la impunidad. El gobernador de Coahuila ha subido al foro nacional un debate inútil, puede resultar un buen ejercicio académico o un mejor tema en el café político, pero por el momento no está en la agenda del Poder Legislativo, el PRD y el PAN ya fijaron su postura, no están de acuerdo en el reestablecimiento de la misma, en la aritmética legislativa, al menos en la presente legislatura, el PRI no podrá conseguir la mayoría calificada para reformar el Artículo 22 constitucional.
Lo anterior me recuerda a tres condenados a muerte, el guardia le dice al primero:
––En qué quieres morir, ¿silla eléctrica o cámara de gas?
––Silla eléctrica –responde el prisionero.
Conectándolo, bajan el interruptor en cinco ocasiones y al no funcionar, lo dejan libre. Al salir dice a los otros dos:
––¡La silla no funciona!
El guardia pasa al siguiente y éste le responde:
––En la silla eléctrica.
Vuelven a bajar el interruptor y nada, el policía lo deja en libertad; el preso le dice al tercer condenado que era un gallego:
––¡La silla no funciona!
El guardia pasa al gallego y éste responde:
––¡Joder, macho! que yo prefiero la cámara de gases, porque me han infoma’o que la silla no funciona.
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