Algunos podrán creer que la serie de presentaciones sobre la reforma petrolera que se inició esta semana en el patio central del Senado de la República, constituye una prueba de democracia. No es así.
La “consulta” en realidad es una muestra más de la forma como los legisladores esquivan su responsabilidad. En lugar de enfrentar directamente su obligación de confrontar posiciones contrapuestas sobre la suerte de Pemex para romper el impasse en el que se ha estancado el tema estratégico y financiero más agudo del momento, los legisladores se han dejado acorralar en un esquema que no tiene más mérito que dar publicidad y auditorio televisivo a setentaitantos días de exposiciones personales. Tras de este extendido proceso, que no hará sino repetir datos y posicionamientos ya conocidos, se supone que los representantes populares sabrán decidir entre los complejos dilemas que se enumerarán con lujo de detalle.
El ejercicio que así se ha emprendido, para desviar y alargar el curso del proceso, ha hecho a un lado las comisiones legislativas que estaban a punto de examinar la iniciativa de reforma energética y la reestructuración fiscal y financiera de Pemex. El efecto es ganar tiempo y continuar obstaculizando la aprobación de las medidas que urge tomar en estas materias. De esta manera, prevalece la tesis de que las decisiones importantes del país no se toman por la vía de las instituciones, sino por los movimientos de la calle. Así, cualesquiera que sean las conclusiones que quieran extraerse de la “consulta” en el Senado, los de la izquierda extremista las rechazarán por “privatizadoras”.
Es así como hoy López Obrador, se declara “defensor de la patria” al oponerse a la “privatización” de Pemex, pero hace falta recordar que en su programa electoral incluía el capital privado en las mismas áreas que hoy propone la iniciativa gubernamental.
Pasada la etapa de las exposiciones en el Senado, el siguiente paso será el debate en nuestras dos Cámaras legislativas. Hay quienes prevén que, a final de cuentas, los debates vararán en las arenas de fuerzas políticas y sindicales que se encargarán de que nada importante pueda acordarse. Si esto ocurre, habrán ganado los extremistas que, encabezados por López Obrador, le apuestan al agravamiento de las difíciles condiciones socioeconómicas que el país heredó de décadas de abandono para detonar la desestabilización nacional que dé pie a una toma de poder, sea o no electoral.
La solución a esta perspectiva está en que los diputados y senadores crezcan al reto que se les enfrenta y no permitan que los intereses antidemocráticos marquen las agendas y los tiempos del quehacer nacional. Los asuntos referentes al petróleo son graves en cualquier país que se presenten. Sus repercusiones son palpables en la economía de todas las clases sociales y son de la máxima trascendencia estratégica para el mundo que más y más se disputa el acceso a los energéticos y a las materias primas.
México no puede seguir dejando que su recurso petrolero sea el juguete de miopías personalistas. El insistir en que el petróleo “sea nuestro” en el sentido más primitivo del concepto es exponernos a consecuencias desastrosas para nuestra economía y para nuestra soberanía que supuestamente se dice defender.
Ya ahora, el mal manejo de nuestra actividad petrolera nos ha llevado a importaciones crecientes, a la imposibilidad de refinar, al ahorcamiento de la industria petroquímica y a la trabazón sindical. Las presiones internacionales son apremiantes y no se detienen. Los conflictos en Asia Central y África están a la vista y no se crea que sus efectos sólo han de llegarnos con altos precios.
No podremos hacer frente a los intereses mundiales con políticas de barriada.
Coyoacán, mayo de 2008.
juliofelipefaesler@yahoo.com
