El presidente estadounidense George W. Bush urgió ayer al Congreso a desechar “condiciones irrazonables” de la Iniciativa Mérida para evitar el fracaso de un plan que pretende ayudar a México en su lucha contra los cárteles de la droga y “proteger a todo el hemisferio” de la amenaza “de los narcotraficantes y de los terroristas”.
“Le pido al Congreso que apruebe esto de manera rápida en el paquete suplementario (de fondos para la guerra en Irak) y sin poner condiciones irrazonables a una ayuda vital”, dijo en un intento por evitar el fracaso de una Iniciativa que ha sido condicionada por el Senado a la vigilancia estricta de los derechos humanos y al inicio de reformas legales y judiciales.
Las palabras de Bush, en el marco de una ceremonia realizada en el Instituto estadounidense por la Paz, forman parte de una nueva ofensiva para evitar que la ayuda condicionada en la Iniciativa Mérida se convierta en pretexto para certificar los esfuerzos de México en su lucha contra los cárteles de la droga y de continuas fricciones entre el Gobierno de México y el Congreso de Estados Unidos.
La Iniciativa Mérida fue objeto, asimismo, de una nueva audiencia en la Cámara de Representantes, durante la cual la representante por California, la demócrata Loreta Sánchez, la consideró como una herramienta útil para combatir a los cárteles de la droga y el crimen organizado:
“Nuestros aliados, al Sur de nuestra frontera, han solicitado nuestra ayuda y tenemos que responder a ese llamado”, consideró en el marco de una audiencia que precederá a la conferencia bicameral para tratar de armonizar los términos de la Iniciativa Mérida que ha sido condicionada por el Senado a una serie de candados en materia de derechos humanos y salvaguardas anticorrupción.
En la versión del Senado de la iniciativa, México recibiría fondos sólo si el Gobierno estadounidense estima que inició reformas judiciales, y que las unidades policiales y militares, apoyadas con recursos, sean ajenas a violaciones humanitarias o corrupción.
Los requisitos de entrega de fondos obligan también al Gobierno estadounidense a establecer y actualizar un banco de datos para el escrutinio de la Policía y el Ejército mexicanos.
