Mauricio Gamboa, director general del Buró de Crédito, se defendió de las críticas que hizo la Comisión Nacional para la defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) por la falta de infraestructura y lo “engorroso” que resulta para los usuarios hacer una reclamación.
En entrevista a EL UNIVERSAL, el directivo aclaró que instalar oficinas en toda la República provocaría un encarecimiento de los servicios; es decir, los clientes tendrían que pagar más por obtener su historial de crédito.
Destacó que en este momento se cuenta con los sistemas necesarios para que los usuarios presenten su inconformidad por teléfono o internet.
“Si tienen los papeles que prueban el error u omisión del intermediario, sólo hay que mandar la información por fax; eso se lleva menos tiempo que ir a una sucursal”, aseguró.
Aclaró que el Buró de Crédito no boletina a ninguna persona o empresa. “En la base de datos se incluye a las personas que tienen alguna tarjeta de crédito, de servicio o un préstamo automotriz, hipotecario, principalmente”. Hace unos días, la Condusef dio a conocer una encuesta sobre la calidad del servicio de los Sistemas de Información Crediticia.
En ésta se destacó que las personas perciben al Buró de Crédito como “departamentos de cobranza” o “listas negras”.
En el documento se concluyó que hay un total desconocimiento respecto a los servicios que ofrecen.
Gamboa manifestó que es necesario que la población conozca más las funciones del Buró. “Lo que hacemos es registrar la información que proporcionan las instituciones respecto a la forma de pago de los clientes”. Puntualizó que esa empresa tiene 121 millones de registros de personas físicas que corresponden a 46 millones de personas.
Del total de historiales, más de 11 millones reporta atrasos en los pagos superior a 90 días. Cada mes se presentan 50 mil quejas, en su mayoría por corrección de saldos y direcciones.
El directivo también mencionó que en este año, más de 3 millones 500 mil morosos saldrán del Buró de Crédito; con ello, su historial quedará limpio y podrán acceder a préstamos bancarios.
Gamboa precisó que del universo de reportes que se borrarán hay 2.7 millones de personas físicas y 800 mil empresas. Según los cambios a la ley, hay dos requisitos adicionales para que los deudores puedan salir de las sociedades de información crediticia: la deuda no debe ser superior a un millón 600 mil pesos y no se debe estar demandado por el acreedor.
