En un sorpresivo cierre de filas, el zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters y la administradora en funciones de la Agencia Antinarcóticos (DEA), Michele Leonhart, pidieron hoy al Congreso y al Senado de Estados Unidos "no sabotear las relaciones con México" en un "momento crítico" de la guerra contra los cárteles de la droga y con unas "condiciones insultantes" para autorizar los fondos de la Iniciativa Mérida. En particular, pidieron a los senadores dar marcha atrás a sus intentos de condicionar la ayuda a una estricta observancia de los derechos humanos.
"Corremos el riesgo de darnos un tiro en nuestro propio pie", advirtió Walters a los congresistas y representantes que han condicionado los fondos de la Iniciativa Mérida al inicio de reformas judiciales y a la depuración de unidades policiales y militares en México.
"No podemos actuar como si nosotros fuéramos el Congreso de México, imponiendo condiciones grotescas e insultantes para un país y un gobierno que han puesto los recursos y las vidas para combatir una de las más brutales ofensivas de los cárteles de la droga", dijo Walters, quien urgió a los congresistas a alcanzar un acuerdo bipartidista que elimine las condiciones impuestas.
En conferencia de prensa, convocada por ambos representantes de la administración Bush, tanto Walters como Leonhart pidieron a los legisladores "no desaprovechar la oportunidad histórica" que ha ofrecido el gobierno de Felipe Calderón "para dejar fuera del negocio" a una estructura criminal que hoy "se encuentra en desbandada", tras la ofensiva lanzada por las autoridades mexicanas.
"Por primera tenemos la oportunidad de dejar fuera del negocio a los cárteles. Por eso necesitamos apoyar a México más que nunca con equipo y recursos", dijo convencida Michele Leonhart, en el inicio de una nueva ofensiva para conseguir que el Congreso y el Senado -controlados por demócratas-, den marcha atrás en sus intentos por mantener un paquete de ayuda condicionado que podría retrotraer las relaciones de ambos países a la época de la certificación.
"No podemos actuar así con un presidente como Felipe Calderón que ha sido como una roca en el marco de esta estrategia y que ha dado muestras de una gran determinación", insistió Walters.
Walters y Leonhart reaccionaron así a la decisión del gobierno de México de rechazar toda ayuda condicionada de recursos para combatir al narcotráfico. Una decisión que, reconocieron, se explica por el lenguaje y el tipo de provisiones que han introducido congresistas como el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, para condicionar los fondos contemplados en la Iniciativa Mérida al escrutinio de una estricta observancia de los derechos humanos.
"A veces ha resultado frustrante el proceso de negociación", reconoció Walters. "Pero el proceso aún no concluye y estamos en medio de una intensa negociación para conseguir un compromiso de acuerdo en este capítulo" añadió, al reconocer que, a veces, lidiar con el legislativo no es nada fácil.
"Ahí está el ejemplo del Congreso de México que también muchas veces no cede de manera fácil", ilustró.
Walters insistió en que, las provisiones contempladas en la iniciativa aprobada por el Senado para conceder una ayuda de 350 millones de dólares a México, "tienen un carácter potencialmente autodestructivo" porque dañan innecesariamente unas relaciones estratégicas frente a un país como México.
"Si México nos pidiera a nosotros cambiar nuestra Constitución, como condición para ser un aliado estratégico con ellos, ya veríamos si esto no sabotearía nuestras relaciones", insistió en alusión en algunas de las provisiones que obligarían al gobierno de México a realizar reformas constitucionales en el ámbito judicial para garantizar, por ejemplo, que miembros del ejército mexicano estén obligados a responder ante tribunales civiles por la violación de los derechos humanos.
