El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aclaró que el problema de la seguridad pública no se resolverá sólo con más recursos, policías y mejores leyes pues se necesita mayor participación de la gente, que debe asumir valores cívicos y democráticos para hacer de la denuncia un hábito.
Mouriño Terrazo afirmó que las reformas en materia de justicia penal son respuesta a los desafíos democráticos y de seguridad cuyo desenlace marcará el rumbo de México.
Al participar en la ceremonia de la firma del Decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad, el funcionario expuso que la consolidación del sistema democrático requiere de reformas legales.
México vive la consolidación de su sistema democrático y en este periodo se deben acelerar las reformas al marco legal para que las instituciones garanticen mayor seguridad pública, social y patrimonial, explicó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ante el Gabinete de Seguridad, precisó que el segundo desafío de esta reforma es el combate al crimen organizado.
Detalló que mientras haya menores cantidades de droga en la calle, las escuelas, centros de trabajo y lugares de esparcimiento será mayor la capacidad del Estado para rantizar un ambiente social óptimo en la formación de niños y jóvenes.
Mientras menos dinero esté en manos de narcotraficantes mayor será la capacidad del Estado para limitar a las bandas criminales su objetivo de ampliar su margen de impunidad y maniobra, apuntó.
Indicó que mientras haya mayor eficacia y rigor en la aplicación de las leyes se reduce cualquier resquicio que eventualmente pueda ser aprovechado por algún delincuente para recuperar su libertad y delinquir de nueva cuenta.
Señaló que el problema de seguridad pública no se resolverá sólo con más recursos, policías o con mejores leyes, sino que es necesaria una mayor participación de la sociedad.
Subrayó además la necesidad de impulsar una cultura de la legalidad en donde cada ciudadano haga su parte y el gobierno aplique y haga respetar la ley sin distingo, mientras la gente asuma valores cívicos y democráticos para hacer de la denuncia un hábito entre la sociedad.
Agregó que una vez cumplido el requisito constitucional por parte del Congreso y los congresos de los estados de aprobar las reformas, el presidente firma el decreto para su promulgación e inicia el proceso de implementación con el cual todos los mexicanos contarán con un mejor sistema judicial.
