La Alta Comisionada de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Louise Arbour, llamó al gobierno de México a dedicar de manera urgente los recursos que sean necesarios para fortalecer a las instituciones civiles, combatir la corrupción para hacer frente a la delincuencia organizada y cumplir con su compromiso de garantizar la seguridad a sus ciudadanos.
Destacó que existen deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y una corrupción extendida que deben ser resueltas y reiteró que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública deben ser una medida de corto plazo y mientras opera debe ser vigilado para que se garantice el respeto a los derechos humanos de los civiles.
Ante la presencia militar en los operativos de seguridad pública, la diplomática reiteró su llamado para que los tribunales civiles supervisen los actos del Ejército.
“No subestimo el desafío que el gobierno está enfrentado de parte de organizaciones fuertemente armadas, pero hasta ahora han sido inadecuados los mecanismos para hacerle frente y la aplicación de la ley no ha sido suficiente por la corrupción generalizada entre los cuerpos de seguridad pública”, manifestó.
Hizo un llamado al gobierno de México y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos suscritas por México tengan rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos ante los tribunales.
En una conferencia de prensa, que ofreció para dar fin a su visita oficial a México, la Alta Comisionada destacó “las crecientes limitaciones a la libertad de expresión” y señaló que los asesinatos de periodistas no resueltos contribuyen a un clima de impunidad que afectan el derecho a la libre expresión.
Destacó que la concentración “de los poderes de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática”.
