En dos o tres semanas la Corte Internacional de Justicia podría ordenar a Estados Unidos suspender ejecución del mexicano José Medellín, prevista para el 5 de agosto, hasta revisar el procedimiento, confió Juan Manuel Gómez Robledo.
En entrevista luego de la inauguración de la Reunión de Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE explicó que los abogados de Medellín todavía pueden pedir clemencia.
Sostuvo que con base en la experiencia mexicana en casos similares se puede anticipar que la corte emitirá una ordenanza subjuntiva para evitar la ejecución hasta que se revise todo el caso.
Debido a que la sentencia ordena la ejecución para el 5 de agosto, es de suponerse que el organismo internacional emita la ordenanza en un plazo de entre dos y tres semanas para dar tiempo a que Estados Unidos tome las medidas necesarias.
El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que desconoce si los abogados del inculpado han pedido o pretenden solicitar clemencia para evitar la ejecución, pero en todo caso esa es una decisión que sólo les compete a ellos.
En tanto, insistió en el argumento del gobierno mexicano en el llamado "fallo avena" que se refiere a 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, entre ellos José Medellín.
Gómez Robledo comentó que Estados Unidos no ha respetado ese fallo y es necesario que se suspenda la ejecución de las sentencias hasta que se haya revisado cada uno de los procedimientos.
Durante la inauguración del evento, la titular de la SRE, Patricia Espinosa, convocó a los participantes a entrar en un proceso de profundo diálogo para realizar cambios prácticos y posibles al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hacerlo más efectivo.
Destacó que en la visión de México dicho sistema es perfectible y se puede fortalecer, aunque se reconoce su aportación a las democracias en el continente.
A nombre del gobierno mexicano, Espinosa Cantellano llamó a los estados de la región a emprender esa reforma bajo el criterio de la corresponsabilidad y la cooperación auténtica para garantizar así los derechos humanos en todo el continente.
