Al resolver que no hay condiciones de inseguridad para reanudar las operaciones de rescate de los 63 cadáveres de mineros atrapados en la carbonera Pasta de Conchos, la Secretaría de Gobernación comprobó que el Gobierno Federal no tiene interés de atender las demandas concretas de las familias de los trabajadores muertos. “Las familias no solicitamos que en este momento se realice la continuación
del rescate de los cuerpos, sino que se practique una inspección ocular, guiada por expertos en minas que han manifestado su disposición y capacidad para esta tarea”, mencionaron los deudos a través de un comunicado de prensa.
Lamentaron que aún cuando esta petición “concreta” la presentaron al secretario de Gobernación,
Juan Camilo Mouriño el pasado 7 de marzo, el lunes la dependencia se haya respaldado en una serie de documentos para determinar que no es viable la reanudación de las operaciones de rescate.
Insistieron en que por ahora no piden que el Gobierno Federal autorice la reanudación del rescate, sino que aplique, con el apoyo de expertos, una inspección física en la carbonera localizada en el municipio de San Juan de Sabinas, para que “verifique en campo las condiciones reales de la mina” y esto ayude a establecer “las medidas necesarias que reviertan las condiciones de seguridad adversas que presumiblemente se pudieran encontrar” dentro del yacimiento concesionado a Industrial Minera México (IMMSA).
Advirtieron que mientras la Secretaría de Gobernación no atienda la petición concreta para el desarrollo de una inspección ocular en la mina Pasta de Conchos, “permaneceremos a la espera de una respuesta congruente a nuestra petición”, con las implicaciones de continuar con el plantón permanente que mantienen en la Ciudad de México.
Por su parte, la viuda Norma Vitela confió en que la dependencia actúe con todo rigor contra los anteriores funcionarios de la Secretaría del Trabajo, culpables de haber dejado mutiladas a 65 familias,
porque sabiendo del peligro que había en la mina protegieron a la compañía Industrial Minera México, SA de CV, propietaria del yacimiento de carbón e integrante de Grupo México.
“Es obvio que fue a cambio de dinero y eso es lo que también deben investigar”, demandó la viuda de José Ángel Guzmán Franco, una de las víctimas del fatídico accidente del 19 de febrero de 2006 en el yacimiento ubicado en la región carbonífera.
