La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó protección especial para la licenciada Cristina Auerbach Benavides, abogada de los familiares de los trabajados muertos en la mina Pasta de Conchos.
Señalan que es necesario proteger a abogados y familiares de los trabajadores que murieron sepultados en la mina.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para proteger a abogados y familiares de los trabajadores que murieron sepultados en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006.
El organismo pidió a las Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y del Distrito Federal, así como a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, protejan especialmente la integridad física de la licenciada Cristina Auerbach Benavides.
El 12 de septiembre, la abogada Auerbach interpuso un escrito donde precisó que tres días antes, su automóvil había sido manipulado en los cuatro neumáticos, quizá con el propósito de causarle un accidente fatal.
La agraviada tiene el temor fundado de que esos actos se repitan no solamente con ella, sino también con la defensa de los intereses de los trabajadores que fallecieron y de sus familiares.
En un comunicado, la CNDH informó que además existe el antecedente de un atentado a la integridad física de Auerbach el 19 de junio de 2007.
El 19 de agosto, Auerbach expresó que la Organización Familia Pasta de Conchos, a la cual representa, había ganado el acceso a los expedientes de la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo, para saber qué funcionarios de la dependencia han sido indagados por la muerte de 65 mineros.
Así lo determinó el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito el pasado 11 de agosto.
Ese día, en una celebración eucarística realizada a 30 meses del incidente fatal en Coahuila, Auerbach admitió que la CNDH prepara una recomendación respecto al caso, en la que se señalará a las Secretarías de Economía y de Gobernación, al Gobierno de Coahuila y a la Procuraduría General de la República.
