La inconformidad laboral expresada el miércoles por miembros de la Agencia Federal de Investigación mediante una marcha de su sede a la de la Procuraduría General de la República mostró un efecto más de la incongruente política de seguridad pública, que se basa en una violación constitucional consentida, en el absurdo extremo, por la Procuraduría General de la República.
Dice el Artículo 21 de la Constitución, en su flamante versión del 18 de junio pasado, como lo ha dicho desde 1917, palabras más, palabras menos, que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. No hay equívoco posible. La Policía investigadora depende del Ministerio Público, es decir de la Procuraduría. Pero en los hechos no es así. El Ministerio Público perdió a su brazo armado, a la antigua Policía Judicial. La que en 2001 la reemplazó, la AFI depende hoy de la Secretaría de Seguridad Pública.
En diciembre de 2006, apenas asumido su cargo, el presidente Calderón anunció su propósito de fundir en un solo cuerpo a la AFI y la Policía Federal Preventiva, ardua tarea si se considera que aun en sus denominaciones sobresale la función propia de cada una de ellas, investigar y prevenir, que no necesariamente son compatibles. Para empezar, y antes de dar los pasos necesarios para la fusión, designó un solo jefe, Ardelio Vargas, para ambas corporaciones, A la breve experiencia del mando único –que duró menos de cuatro meses— sucedió un periodo más prolongado en que las dos Policías han carecido de jefes. Se mantiene el propósito de unirlas, bajo la dependencia de la SSP, y hasta se habla ya de la Policía Federal, como corporación nueva que carece sin embargo de sustento, pues se mantiene la vigencia de las normas que dieron vida a la AFI y a la PFP, normas que como el Artículo 21 son permanentemente violadas. Varias veces en este mismo lugar hemos insistido en la irresponsabilidad gubernamental de fundar en la ilegalidad el combate a la delincuencia. Los directamente afectados fingen no reparar en esa vulneración del orden jurídico en las esferas dedicadas a la preservación precisamente, de ese orden jurídico.
Una de las razones de la notoria desavenencia entre el procurador Eduardo Medina-Mora y el secretario Genaro García Luna surge de esa verdadera usurpación de funciones. El procurador, que según es notorio dedica algunos momentos de su desempeño oficial a abogar por causas caras a Televisa, al parecer no ha encontrado tiempo para explicar a su jefe la gravedad de que no haya Policía Ministerial o, si la hay, que no dependa de la Procuraduría Para colmo los desaprensivos senadores y diputados antes los que comparecieron esta semana esos funcionarios no mostraron información ni preocupación alguna sobre el tema.
Lo hicieron en cambio, anteayer, porque afecta sus intereses y derechos, miembros de la AFI que acudieron a la PGR en busca del apoyo, que no encontraron, de quien consideran su jefe y legalmente lo es, Medina-Mora, quien encargó a un subprocurador recibir a los manifestantes. Éstos expusieron allí sus querellas laborales y serán o no atendidos en la lógica que ha causado este enredo burocrático que implica además un problema político.
Los agentes enarbolaron durante su marcha pancartas con mensajes preocupantes: “El enemigo está en casa. Vete Genaro”, “Basta de abusos. Exigimos un titular de PGR para AFI”. “Fuera mandos corruptos de AFI. Fuera Genaro, favorece a los delincuentes” y “Ya amenazaron con corrernos a todos los AFI. Cárdenas Palomino, sal y amenázanos delante de los medios (no) como lo haces siempre”. García Luna desestimó esas menciones (sin referirse expresamente a ellas) y descalificó a sus autores, diciendo que se niegan a someterse a los mecanismos de control de confianza cuya aplicación es necesaria para su conversión en agentes de la nueva Policía federal, incorporación que rechaza esa porción del personal. Si bien los manifestantes eran menos de doscientos (y en l a AFI hay más de cuatro mil miembros) sus dichos acaso revelan conocimiento de la cuestión, por haber sido subordinados del propio García Luna, que hace siete años fundó la Agencia.
Ciertamente es preciso que los vagos señalamientos conocidos anteayer se sustancien aunque hacerlo podría ser irrelevante. Otras denuncias más explícitas han sido desdeñadas, como lo ha sido también información aparecida en este mismo lugar sobre el solapamiento de García Luna a colaboradores suyos indiciados formalmente por cometer actos delictuosos o abiertas y graves infracciones administrativas.
Mientras tanto, cada día se abren nuevos focos de tensión y pavor por la inseguridad creciente. En Villahermosa se cometió el martes por la noche un nuevo crimen cargado de simbolismo, un mensaje elocuente el propio asesinato.
El conductor de un programa radial para jóvenes Alejandro Sosa Fonseca conocido por el nombre de su emisión, “El Padrino” Fonseca, fue ultimado a balazos mientras colocaba mantas callejeras en que instaba a emprender una campaña contra el miedo provocado por los secuestros que han proliferado en Tabasco. Hasta agosto pasado habían ocurrido 41 delitos de esa naturaleza, suma intimidante en sí misma, pero más grave si se considera que significa un incremento de trescientos por ciento respecto de igual periodo de 2007. El poder de los secuestradores llegó al extremo de asesinar a quien quería enfrentarlos.
