A nueve días del enfrentamiento entre policías municipales y federales que colapsó la estructura de seguridad pública de la ciudad de Torreón, resulta obligada una reflexión sobre el particular.
El problema se presentó porque agentes federales aprehendieron a unos policías municipales que presuntamente protegían a una célula de narcotraficantes, en ocasión de que los primeros servían de escolta a los segundos. El suceso provocó una movilización en masa de agentes y patrullas de la corporación municipal tendiente a rescatar a sus compañeros, que derivó en un enfrentamiento que tuvo como saldo un policía municipal muerto y treinta y cinco detenidos.
En su primera comparecencia ante el Ministerio Público, los policías detenidos se negaron a declarar como parte de su defensa legal. Tal estrategia está destinada al fracaso, porque la participación de los inculpados en los hechos está probada a partir de su irrupción en el cuartel de la Agencia Federal de Investigación, y a ellos corresponde justificar los motivos de su presencia en ese lugar y con mayor razón por tratarse de servidores públicos que como tales tienen una responsabilidad específica.
Las grabaciones del sistema de comunicación interna de la corporación, revelan que los policías detenidos hoy procesados desobedecieron de manera consciente y deliberada a su entonces jefe Alfredo Castellanos, quien con insistencia les indicó que no acudieran a las instalaciones federales, lo cual obliga a esclarecer a quién obedecieron dichos elementos.
Por ello el determinar quién o quiénes dieron la orden de ir en apoyo de los policías municipales inicialmente detenidos, a despecho de lo ordenado por el jefe de la corporación, es la punta del hilo para desenredar la madeja.
El solo hecho de que Castellanos haya sido rebasado, justifica su remoción y por otra parte, si bien es cierto que los policías detenidos tienen derecho a un juicio legal que logre despejar quiénes son entre los procesados culpables o inocentes, resulta insana la corriente de opinión que presenta a los detenidos como víctimas, cuando es evidente que su consignación resulta plenamente justificada y necesaria.
La actitud de una sociedad amenazada que con toda razón demanda seguridad, contrasta con que cada intento de los órganos del Estado en dirección a restaurar la paz social, se vea envuelto en una sombra de sospecha que en ocasiones suele derivar en un abierto rechazo por parte de algunos sectores sociales y ciertos medios de comunicación, que de esta manera hacen juego a las fuerzas del antiméxico.
De por sí los órganos de seguridad del Estado enfrentan una relativa desventaja desde el momento en que al enfrentar a la delincuencia, están obligados a ceñirse a un marco de legalidad y respeto a los derechos fundamentales de las personas, limitación que desde luego aprovechan en su beneficio los transgresores de la Ley.
El hecho de que los cuerpos de seguridad de todos los niveles de Gobierno estén penetrados por el crimen organizado no es novedad y tal fenómeno es revelador de que la inseguridad pública tiene su fuente en la propia sociedad. Los enormes esfuerzos por articular corporaciones policiacas que demandan grandes esfuerzos y múltiples recursos humanos y económicos aplicados a su capacitación y equipamiento, se ven fácilmente frustrados por un enemigo que opera al acecho desde la clandestinidad, al amparo de elementos subculturales arraigados en la propia comunidad como la obsesión por el placer y el dinero fácil, y de manera especial la tendencia a la evasión existencial por medio del consumo de drogas al que son enganchados muchos líderes sociales, inclusive mandos de las mismas fuerzas policiacas.
Como consecuencia no es sólo pagando mejores salarios como se garantiza la lealtad de los policías a la misión que tienen encomendada; se trata de un reto complejo en el que son cómplices por omisión o comisión innumerables agentes sociales y culturales, que generan un cáncer que vuelve a la sociedad en contra de sí misma.
Decirnos sorprendidos o escandalizados con lo ocurrido sería hipócrita. Lo que procede frente al colapso de la Policía de Torreón, es que el alcalde José Ángel Pérez, en coordinación con los niveles Estatal y Federal de Gobierno, ofrezca y aplique un plan de emergencia para enfrentar el problema de inmediato. Preocupa que a nueve días de lo ocurrido, tal propuesta no exista ni siquiera en borrador.
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