Esta semana cayó por fin el malogrado Distribuidor Vial Revolución. Desde 2003, en que fue inaugurado, hasta el pasado lunes de junio, en que por fin cedió su estructura, luego de las explosiones a las que fuera sometido apenas un día antes, y que resultara con su derribamiento parcial.
La nota apareció en los medios nacionales, quizá por el indudable espectáculo que representó que mediante dinamita se demoliera y que ésta a su vez no lo hiciera del todo, fue lo suficientemente atractivo para ocupar los principales espacios de la prensa más grande del país.
En las coberturas, sin embargo, por supuesto que se habló de montos, y es que el DVR terminó costando entre construcción, estudios, reparaciones, demolición y retiro de escombro algo así como más de trescientos millones de pesos.
Ello no tiene mucha relevancia si lo que ahí se gastó tuviese algún beneficio público, pero por supuesto que no así. Todo ese dinero sencillamente se fue por la caño.
Bueno, las empresas proyectista, constructora y la supervisora obtuvieron en sus respectivas arcas, pingüe beneficio oneroso, y que sin duda, estas tres empresas –que ya por la decepción no importa su nombre- son naturalmente responsables del desfalco que ha sufrido el erario, sin por supuesto señalar con claridad la responsabilidad real, que no necesariamente jurídica, ya que el marco legal mexicano permite muchas ventanas de escape para fincar responsabilidades a las personas correspondientes, que en todo caso están por demás identificadas:
Enrique Martínez y Martínez, entonces gobernador del Estado; Jorge Viesca, que se desempeñaba como secretario de la dependencia de Obras Públicas Estatal, instancia encargada de la ejecución del proyecto; Guillermo Anaya, alcalde en turno cuando se realizó e inauguró la obra, ya que consintió que las ministraciones de la tesorería municipal fluyeran hacia la obra, no obstante que el convenio de pago era la mezcla de recursos tanto del Estado como del Municipio, aunque la ejecución la llevara a cabo el despacho entonces encomendado al tristemente célebre Jorge Viesca; Gerardo Berlanga Gotés, quien fungía como responsable de Obras Públicas de Torreón durante la Administración de Anaya y que ahora es ¡subsecretario de Desarrollo Regional!
De acuerdo a las investigaciones que ha hecho la Procuraduría de Justicia del Estado, ahora bajo el mandato del profesor Humberto Moreira, sólo se ha podido levantar cargos contra Manuel Gómez Parra, quien era subsecretario de Caminos y Puentes en la Secretaría de Obras Públicas, en otras palabras, un segundón en la línea de mando.
Moreira ha dicho que está cumpliendo su palabra empeñada con los laguneros acerca de lo que haría con el tristemente célebre y desaparecido DVR: lo demolió, pero ello es solamente parte de su dicho, falta ver si es capaz de consignar y encontrar a los responsables del daño hecho al bolsillo de todos los ciudadanos.
Es bordar en el aire, pero no hay que darle muchas vueltas al asunto: quienes ganaron dinero con una obra mal hecha, deben responder, en este caso las empresas Acolsa y la supervisora Coordina.
Habrá que ver de qué esta hecho el gobernador, si es capaz de tocar con el pétalo de una rosa a quien ahora despacha como delegado del PRI en el Estado de México, y ya trabaja en el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto, el ex gobernador Martínez.
Es obvio que ganas no le faltan al mandatario estatal para echarle el guante al muy acomodado senador Guillermo Anaya, o ya de perdida al desaparecido de la escena pública Jorge Viesca. A Gerardo Berlanga lo tiene a tiro de piedra, pero la verdad el contralor del Estado, Ismael Ramos Flores, se fue de la boca tratando de asustar con el petate del muerto acusando primero a Anaya, cuando de Martínez y Martínez parece ni acordarse.
