El Senado de la República echó la última paletada de tierra en la fosa del añejo presidencialismo mexicano al aprobar la reforma constitucional que establece un nuevo formato para el informe anual del Presidente de la República.
A partir del primero de septiembre todo va a ser diferente, tanto para el jefe del Poder Ejecutivo como para las dos Cámaras del Poder Legislativo. Ese día tendrá lugar la apertura del período ordinario de sesiones y nada más; lo que releva al mandatario y a la audiencia respectivamente de la fatigosa tarea de perorar y de no escuchar. La rendición de cuentas y cuentos, antes verbal, se presentará por escrito, redactada en términos claros y concretos, sin demagogia ni circunloquios.
Los senadores ––léase senador Beltrones– aprovecharon la oportunidad para imponer modalidades a la obligación presidencial de informar al Congreso de la Unión. Así crearon para los legisladores la facultad de cuestionar al presidente sobre cualquier duda que les deje el texto informativo, y ampliaron para el presidente y sus principales funcionarios una obligación correlativa: esclarecer lo informado con veracidad y luego responder el cuestionamiento de los legisladores, ya sea de manera escrita o en una comparecencia, si así lo solicitan las comisiones legislativas. Todo ello bajo la protesta de decir la verdad y nada más la verdad. Y si acaso la información proporcionada resulta falsa, quienes mientan serán sancionados en los términos de Ley.
El presidente de la República fue despojado de la facultad de devolver con su veto algún decreto legislativo, ya que las leyes que apruebe el Congreso solamente le serán enviadas para observaciones en un plazo de 30 días. Transcurrido este término sobrevendrá otro de 10 días para su obligada promulgación, pero si no se llega a publicar el decreto respectivo, será la Cámara de origen, o aquélla a la que haya llegado en primer lugar la iniciativa, la que ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como correspondencia se concede al presidente de la República la facultad de etiquetar como “preferentes” hasta dos iniciativas para que, sin excusa, el Congreso las dictamine y apruebe dentro del período en que se hayan recibido.
Estas reformas podrían ser consideradas como un avance en el contexto del “nuevo” Estado mexicano, si no conociéramos la ilimitada codicia de poder de los que dirigen las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión. Bien que hayan eliminado la fastuosidad del evento y la idolatría hacia el jefe del Poder Ejecutivo Federal en los versallescos informes presidenciales; bien que reglamenten el entorno democrático en la obligación constitucional del jefe del Poder Ejecutivo y bien que se amplíe la añeja, ávida y sólo parcialmente satisfecha inquisición ciudadana sobre el manejo de la cosa pública.
Sin embargo, no todo lo que relumbra es oro. Queda pendiente saber qué tanto poderío jurídico y político van a conservar los futuros presidentes de la República en el ejercicio del cargo que se les ha confiado. Así, al bote-pronto, se corre el riesgo de que los legisladores agandallen con todas las competencias privativas del Ejecutivo sólo para satisfacer su apetito de poder, y también de desquite en una de las fracciones. Hay que tener presente que el principal objetivo de la “reforma de Estado” es cuidar el equilibrio entre los tres poderes públicos. Cuidado entonces: no desarropemos a un santo viejo para vestir de gala a tres simples prospectos de canonización.
Otro si digo:
Presentadores de noticias en televisión y radio escandalizan y rasgan sus vestiduras ante los trágicos sucesos ocurridos en la discoteca “New’s Divine” del D.F. hace varias noches; las autoridades capitalinas culpan a su propia corporación policíaca del pésimo manejo de la estampida de la joven y adolescente concurrencia que disfrutaba las delicias del antro a las 3:00 horas del día de los hechos; así agotan su indignación y condena en el gerente del tugurio, en dos funcionarios administrativos y en algunos de los policías, pese a que tres de éstos murieron en el empeño de controlar el evento.
Exceptúan, claro, a los altos mandos policiales y desde luego no se les nota preocupación por averiguar si ese sitio “para tardeadas” funciona de acuerdo con la Ley. Tampoco se les nota la gana de poner orden en ello y desde luego nada dicen de la causa que es causa de lo causado: los mercaderes de bebidas embriagantes que no cesan en promover la apertura de todo tipo de expendios en los 2,500 o más municipios de la República.
Y como todo, en estos días, se resuelve con dinero, no con justicia y menos con criterio jurídico, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y los que siguen hacia abajo dicen cómo, cuándo y con qué tanto se va a indemnizar a las familias de la docena de muchachos, muchachas y niños que perdieron la vida por gozar unos instantes las delicias de Baco.
