El 13 de diciembre de 2001, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional para establecer la obligatoriedad de los tres años de educación preescolar, a partir de los tres años de edad de los menores. Una semana después hizo lo propio la Cámara de Diputados y en los meses siguientes la mayoría de los Congresos locales, de tal suerte que el 12 de diciembre de 2002 la disposición entraba en vigor.
En su momento, el principal impulsor de la medida fue el entonces senador y presidente de la Comisión de Educación, José Natividad González Parás, que ahora como gobernador de Nuevo León, enfrenta la realidad de no poder cumplir con lo establecido en las nuevas disposiciones constitucionales y legales.
Dos años después de la reforma constitucional se hicieron las adecuaciones a la Ley General de Educación para establecer que a partir del ciclo escolar 2008-2009, es decir, el que inicia precisamente el próximo agosto, todos los niños deben cursar los tres años de preescolar obligatorio. Obviamente, esta reforma también incluía la disposición de que a partir del ciclo escolar 2011-2012, tres años después, los tres años de preescolar son un prerrequisito para ingresar a primaria.
Sin duda los argumentos que se vertieron en aquel entonces para impulsar dichas reformas son válidos: la estimulación temprana de los menores de cinco años tiene un impacto muy positivo en el aprendizaje posterior de los niños en primaria y secundaria. Sin embargo, olvidaron que esto no implica necesariamente una formación escolarizada de tres años, que ningún país del mundo contempla como obligatoria.
Las dificultades para cumplir con esta obligación son mayores, al menos por tres razones: una, las instalaciones que se requieren para atender a menores de tres años de edad son muy distintas y más costosas, que las que se requieren para los de cinco años en adelante; segundo, igualmente se requiere capacitar especialmente al personal que promueva y vigile el desarrollo de los menores de tres años, que obviamente, requieren mucho más cuidado y supervisión; y, finalmente, pero no menos complicado, las resistencias culturales para que los padres y madres de familia acepten desprender del seno familiar a sus hijos e hijas para enviarlos desde los tres años a la escuela.
Todo esto se olvidó al momento de presentar y discutir las referidas reformas. Una especulación que ronda en el ambiente político es que la medida también contribuyó al fortalecimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, muy particularmente, de su líder Elba Esther Gordillo, que aseguraba el crecimiento de su ya enorme agrupación, pues los educadores que debían atender a estos menores también tendrían que afiliarse al sindicato.
En lo general no hubo problemas para atender a los niños de 4 y 5 años, pero cuando se llegó la hora de atender a los de 3 años, empezaron las dificultades; los cálculos indican que en agosto próximo únicamente se podrá atender entre el 30 y el 40% de los casi dos millones de niños y niñas que ingresarían de aplicarse la norma estrictamente. El mayor problema no estriba en no poder atenderlos en agosto, sino que en agosto de 2011 se generaría “un rezago educativo temprano” de casi un millón y cuarto de niños que no podrían ingresar a la primaria oportunamente por no haber cumplido con el prerrequisito de los tres años de preescolar obligatorio.
Diversas autoridades educativas se percataron de los grandes problemas que acarreaba el incumplimiento de estas disposiciones y en septiembre del año pasado el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (instancia en la que concurren todas las autoridades educativas estatales y nacionales de educación básica) lo advirtió e hizo un llamado para hacer las reformas pertinentes.
A pesar de que los legisladores están conscientes de estas dificultades, no se ponen de acuerdo en qué reforma deben realizar y optaron por incluir las modificaciones necesarias en una iniciativa que incluye hacer obligatorio el nivel medio superior, en el marco de la reforma del Estado. Al concluir el periodo ordinario de sesiones todavía no había un dictamen concluido para ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados y aunque es uno de los temas que han planteado para tratar en el periodo extraordinario, todavía no hay una solución clara.
Mientras tanto las autoridades educativas saben que no podrán cumplir con las disposiciones legales, pero no saben qué hacer frente a dicho incumplimiento. El lunes por la mañana, la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, declaró: “En tanto que el Congreso no disponga algo distinto, la Secretaría está obligada a dar cumplimiento a este mandato, reconociendo las realidades y condiciones actuales en las que incluso se han expresado los gobiernos estatales”.
Así la reforma constitucional y legal, carece del respaldo presupuestal y los recursos materiales y humanos para hacerla operable. La iniciativa sirvió, en su momento, para el lucimiento de los legisladores que la impulsaban y también impulsó el crecimiento del SNTE.
Lo realmente increíble es que nadie reparara en lo inoperable de la misma y las dificultades en las que metería a las autoridades educativas, e incluso a sus mismos promotores, pues muchos de los senadores que la impulsaron hoy están como gobernadores en sus entidades. El hecho representa plásticamente las dificultades que ocasiona el legislar ligera e irresponsablemente, sin prever todos las implicaciones de crear un nuevo derecho y contraer una nueva obligación.