José Luis Soberanes señala que ningún político niega la importancia de los derechos humanos, pero “a la hora de la verdad, de llevarlos a la práctica, ya no funciona... ahí es donde falla”. (Archivo)
Advierten que no son claras las señales del Gobierno para retirar de manera paulatina al Ejército de las calles.
Los abusos de autoridad cometidos durante el combate al crimen organizado, la inseguridad pública y las deplorables condiciones de los reclusorios son “problemas muy serios” que ponen en evidencia que, a pesar del discurso político a favor de los derechos humanos, hay claros retrocesos, consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.
En cuanto al derecho que tienen todos los ciudadanos a la seguridad pública, el ombudsman nacional consideró que sólo se podrá garantizar con medidas más ambiciosas que realmente se pongan en práctica y no con catálogos de buenas intenciones. “No se puede curar un cáncer con té”, acotó.
Señaló que no son claras las señales del Gobierno Federal de retirar de manera paulatina al Ejército de las calles ni profesionalizar a un cuerpo policiaco capaz de enfrentar al crimen organizado.
“No vemos señales (en ese sentido) y este es un problema complejo porque el crimen organizado ha crecido, la presencia del Ejército ya está y no lo podemos retirar de la noche a la mañana. Entonces lo que tendríamos que hacer es afinar los instrumentos legales para exigirle al Ejército que respete derechos humanos porque ahora pareciera que es parte del problema por todas las violaciones que han cometido”, indicó el presidente de la CNDH en entrevista a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Al respecto, Soberanes Fernández indicó que la firma de la Declaración Universal hace 60 años fue un paso importante porque a partir de ese momento se internacionalizó la lucha por su defensa y promoción y ha surgido una serie de pactos y tratados a los que varios países —entre ellos México— se han comprometido a cumplir.
El problema, dijo, es que ningún político niega la importancia de los derechos humanos pero “a la hora de la verdad, de llevarlos a la práctica, ya no funciona... ahí es donde falla”.
Indicó que en ese sentido, el derecho a la seguridad pública tiene dos vertientes que complican el panorama, pues el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizarlo y, por otro lado, ese cumplimiento tiene que ser apegado a los derechos humanos “y vemos que en el combate al crimen organizado no se están respetando esas garantías”.
Agregó que otro problema “muy serio” es el de las cárceles porque “se ve que no avanzamos y que, al contrario, retrocedemos porque quizá nuestros políticos lo ven con poca rentabilidad sin saber que hay una obligación jurídica” para que en los penales se respeten los derechos humanos y haya una verdadera readaptación social, pues de lo contrario, “qué sentido tiene tener cárceles si quienes entran a ellas salen para volver a delinquir”.
Gómez Mont delegará plan de derechos humanos
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación, delegará en la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos la responsabilidad de dar seguimiento a los compromisos ofrecidos por el Gobierno Federal en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
El 29 de agosto pasado se publicó en el “Diario Oficial de la Federación” dicho programa, el cual contiene los objetivos y las líneas de acción en materia de derechos humanos en toda la Administración Pública Federal.
