El Departamento de Seguridad Interior de EU desea construir 595 kilómetros de cercas y 482 kilómetros de barreras para vehículos para fin de año. (Archivo)
El Gobierno se está preparando para acudir a la Corte con el fin de obligar a decenas de terratenientes en tres estados del suroeste a que permitan el acceso a sus terrenos para levantar una cerca fronteriza entre México y Estados Unidos.
Están en preparación 102 denuncias con el fin de tener acceso a tierras privadas ubicadas junto a la frontera, o pertenecientes a gobiernos locales o de otro tipo de propiedad. Un plazo para que muchos de los propietarios permitan la entrada venció el lunes o deberá expirar en cuestión de días.
Del total de casos, 71 son contra terratenientes de Texas, 20 contra habitantes de California y 11 contra propietarios de Arizona. No se prevé que se presente ninguno en Nuevo México.
El Departamento de Seguridad Interior desea construir 595 kilómetros de cercas y 482 kilómetros de barreras para vehículos para fin de año. Dice que podría no ser necesario entrar a algunas de las propiedades, pero necesita evaluar cuáles podría necesitar adquirir o expropiar para la cerca u otras barreras.
En una conferencia de prensa el 7 de diciembre, Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interior, especificó claramente que su paciencia tiene un límite.
“La puerta aún está abierta para conversar si la gente quiere entrar en contacto con nosotros, si tienen algunas ideas alternativas. Pero no está abierta para un diálogo interminable. Necesitamos movilizarnos en torno a esta propuesta”, dijo a periodistas.
Una de las que se niegan a firmar es Eloísa García Tamez, de 72 años, propietaria de 1.2 hectáreas en El Calaboz, Texas, una comunidad ubicada a unos 12 kilómetros al oeste de Brownsville, una ciudad en el extremo sur de Texas. Tamez dijo que su propiedad formaba parte de una cesión española de tierras y que su abuelo fue un apache lipan, una tribu no reconocida oficialmente por el Gobierno Federal, pero que se sabe existió en el sur de Texas y en México.
Tamez forma parte de un grupo de otros opositores de la cerca fronteriza que dicen que el Departamento de Seguridad Interior está violando los derechos de propietarios indígenas, descendientes de estadounidenses nativos y otras personas que dicen tener derechos ancestrales sobre la propiedad o cuyas familias recibieron la propiedad a través de cesiones españolas de tierras.
Peter Schey, director ejecutivo del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, le advirtió a Chertoff en una misiva el lunes que Tamez tomará acciones legales bajo las leyes internas e internacionales con el fin de proteger sus derechos sobre la tierra.
Prepara Minuteman operativo
La milicia civil Minuteman realizará este fin de semana un operativo de vigilancia en la frontera entre Arizona-México, en una época que coincide con el regreso de cientos de indocumentados a Estados Unidos.
Lace Alter, coordinador de operaciones de los Minuteman, indicó que esperan la presencia de al menos 50 voluntarios que recorrerán a partir de hoy un área cercana a la población fronteriza de Tres Puntos.
Esta región es un corredor utilizado frecuentemente por los traficantes de indocumentados y de drogas en su intento por cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal.
Alter aclaró que los voluntarios solamente se dedicarán a vigilar y en caso de que detecten la presencia de un indocumentado de inmediato contactarán a la Patrulla Fronteriza.
