El Gobierno de Coahuila presentó al Congreso del Estado un anteproyecto para crear la Ley de Procuración de Justicia, que de prosperar le daría facultades al Ministerio Público para resolver, sin llegar a juicio, hasta el 80% de las quejas y denuncias por delitos no considerados como graves.
Al comparecer ante diputados de las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Jesús Torres Charles, dijo que el citado logro en el desahogo de los procesos judiciales se resolvería mediante la figura de la justicia restaurativa, donde el acusado de un delito recibiría una penalidad menor en caso de que asuma la magnitud de su falta y garantice por completo la reparación del daño que causó.
Dijo que los delitos considerados dentro del citado beneficio serían lesiones levísimas, lesiones leves dolosas, lesiones culposas, robo simple, conducir en estado de ebriedad, daños culposos, incumplimiento de obligaciones básicas familiares, amenazas, injurias y cohecho, este último caso, cuando no sea cometido por algún servidor público, pues de ser así, entraría a la lista de delitos señalados como graves por el Código Penal estatal.
Dijo que en 2007, el Ministerio Público consignó al Poder Judicial más de 12 mil casos correspondientes a los citados delitos y señaló que con la figura de la justicia restaurativa, ocho de cada diez situaciones se resolverían sin necesidad de que exista un juicio.
Dijo que en la propuesta para crear la Ley de Procuración de Justicia se contempla el otorgamiento de beneficios legales para un delincuente que ayude a las autoridades a resolver un delito más grave que el que cometió, aunque en todo caso estaría obligado a reparar el daño a fin de no desamparar a las personas que afectó por su delito.
Citó el supuesto de un homicida dispuesto a proporcionar información para desarticular una banda de “robacoches” o de secuestradores. “En este caso no quedaría libre por el homicidio que cometió, posiblemente recibirá una penalidad menor a la ordinaria, pero de cualquier forma tendría que reparar el daño para poder quedar sujeto al beneficio”.
La propuesta considera el empleo de brazaletes electrónicos para reemplazar el arraigo domiciliario “en algún tipo de delitos” y plantea la desaparición de los secretarios abogados del Ministerio Público y su reemplazo como agentes del Ministerio Público auxiliares, a fin de incentivar el servicio civil de carrera y abonar a que la procuración de justicia sea eficaz y expedita.
